Cada año, más familias han quedado incompletas en Coahuila desde el 2019, cuando el número de personas desaparecidas y no localizadas (PDNL) comenzó a registrar una tendencia al alza, luego de que durante los cuatro años anteriores hubo una disminución.
Así lo refleja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el que se aprecia que el 2015 concluyó con 102 personas ausentes; el 2016, con 92; el 2017, con 65, y el 2018, con 63.
A partir de entonces, la cifra aumentó, pues para el 2019 se contabilizaron 92 y, aunque en el 2020 bajó a 74, el año pasado las desapariciones repuntaron a 114.
Esto significa que el año que recientemente finalizó, además de representar un 80.9 por ciento más que lo acumulado en el 2018, tuvo la cifra más alta desde el 2015.
De las 280 PDNL que se registraron durante estos tres años, el 78.5 por ciento son hombres y el 21.5, mujeres.
De esta cifra, el 83.5 por ciento tuvo clasificación como personas desaparecidas, es decir, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito, mientras que el 16.5 por ciento corresponde a personas no localizadas, cuya desaparición no se relaciona con algún delito.
El panorama dista de los compromisos que ha hecho el gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, para combatir este problema que tiene a decenas de familias recorriendo calles, baldíos y fosas para encontrar a sus desaparecidos.
“Mi hijo, Daniel Cantú Iris, fue desaparecido desde el 21 de febrero del 2007; se cree, en Ramos Arizpe, porque fue ahí donde se apagó su teléfono”, compartió a La Razón Diana Iris García, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México.
A menos de dos meses para que se cumplan 15 años desde la última vez que supo de su hijo, ella asegura que desde el principio enfrentó un proceso dudoso que sigue sin dar resultados, lo que atribuye a que las autoridades han dejado a un lado los casos “de larga data”.
Señala que, “en Coahuila, el diálogo abierto que se ha tenido con las familias sólo ha sido un discurso político para decir que se está haciendo algo -simulado-, porque, a pesar de las reuniones que se tienen con el gobernador, la atención que él dice que nos ha brindado, no hemos localizado a nuestros seres queridos y la impunidad sigue prevaleciendo”.
En septiembre del 2021, el Congreso de Coahuila aprobó una reforma en materia de derechos humanos, presentada por Riquelme Solís, con la que se establecieron obligaciones para garantizar la protección a los mismos, lo que fue celebrado por la Organización de Naciones Unidas y otros órganos internacionales.
“A nivel nacional se tiene la idea de que Coahuila es un estado ejemplo; si bien es cierto reconocemos que se han logrado avances en el tema legislativo, pensamos que decir sí a estas leyes no cuesta mucho como cuesta implementarlas”, dijo Diana García al respecto.
Desde su perspectiva, como “el colectivo que no cree en las autoridades”, para que algo pueda cambiar “es necesario depurar a las autoridades”.
“Simplemente sacamos conclusiones de que en Coahuila nunca ha habido una alternancia de gobierno; eso nos parece que no ha dado la posibilidad de tener resultados, por lo que la impunidad y la corrupción siguen vigentes”, concluyó.
