Benjamín Carrillo, cabeza de una de las familias que tuvieron que huir de la comunidad de Palmas Altas, en el municipio de Jerez, Zacatecas, lamenta que quienes regresaron en meses pasados para trabajar sus tierras ya perdieron la cosecha, debido a que la ayuda que les prometió el gobierno estatal para que volvieran nunca llegó.
En marzo del año pasado, unas 100 personas regresaron a la comunidad debido a que confiaron en la promesa del gobierno encabezado por David Monreal de que contarían con recursos para reconstruir sus viviendas y rehacer sus vidas. Pero las autoridades no cumplieron.
El pasado 1 de octubre se promulgó la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno en Zacatecas, la cual ordena que se destine una partida de 18 millones de pesos al año para apoyar a la población que se encuentra en esta situación.
Sin embargo, el gobernador no incluyó este rubro en el Presupuesto de Egresos de este año, por lo que los desplazados se quedaron sin apoyo.
El pasado 12 de diciembre, la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, reconoció que no habría dinero para entregar a los desplazados durante este 2023, a pesar de lo que ordena la citada ley.
“Hemos tratado, en la medida de las posibilidades, de realizar las acciones contenidas en la ley, pero aún no se implementa el fondo porque no se trata sólo de que la legislación lo diga, sino de que se tenga suficiencia presupuestal”, dijo en esa ocasión.
Los habitantes de las comunidades afectadas lo resienten. “Sí, pues aquí digamos que estamos como seis meses sin trabajar. Ya perdimos la cosecha y hay gastos de unos o de otros no contemplados y lo dejan a uno en la raya”, se queja Benjamín, en entrevista con La Razón.
El año pasado, el Gobierno Municipal de Jerez y el DIF estatal organizaron —por separado— eventos supuestamente para recaudar fondos para ayudar a los desplazados, pero del dinero que se obtuvo nadie sabe nada.
Ante eso, Benjamín pide que no se lucre “con la desgracia de muchas comunidades” y lamenta: “Se pone como pretexto ahí que el dinero va a ser para ayudas de uno, pero no hemos visto nada”.
Las familias que se animaron a regresar a Palmas Altas viven en su mayoría del campo, pero tienen pocos recursos para invertir, por lo que van al día y muchas personas ya arrastran deudas.
“Estamos sobreviviendo ahí de la poca cosecha que sacamos el año pasado de lo que fue del durazno y de lo que fue del forraje de avena, así solventamos algunos gastos, pero ahorita es el tiempo de atacar plagas y ni cómo tener para inversión”, señala Benjamín.
A la situación difícil por la que atraviesan los lugareños se suma la sequía, la cual amenaza con echar a perder una nueva cosecha de durazno que está prevista para septiembre, pero “si para julio no llueve, el árbol empieza a tirar el fruto” indica el hombre.
Además de padecer por la falta de recursos, los habitantes de Palmas Altas se encuentran a la expectativa y nuevamente temerosos, ya que la base militar que había sido instalada para animar a la gente a regresar fue retirada la semana pasada.
Al respecto, Benjamín comentó: “Uno está aquí con la incertidumbre; algunas personas, en cuanto se fueron los militares, se volvieron a ir por miedo a que la violencia los alcance”.
Violencia en Guadalupe
En tanto, durante la madrugada de ayer fueron atacadas a balazos por lo menos seis personas que se encontraban en un bar en el municipio de Guadalupe, con saldo de un muerto y cinco lesionados.
Cerca de la 1:00, sujetos armados llegaron a un establecimiento en la colonia El Pirular, en una zona de bares nocturnos, y en su interior atacaron con armas de fuego a varios individuos que se encontraban conviviendo.
Testigos reportaron el hecho al 911 y a la llegada de la Policía Municipal fueron localizados varios hombres y una mujer —de 16 años de edad— con lesiones provocadas por arma de fuego.
