Acapulco: Fiscalía detiene a generadores de violencia

En dos acciones simultáneas, autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), en coordinación con elementos de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México, lograron la detención de nueve presuntos integrantes de un grupo delictivo en Acapulco, donde aseguraron distintas armas de fuego, droga y un vehículo.

En un comunicado, la FGE informó que la mañana del lunes se llevó a cabo un primer operativo en la colonia Mozimba, en seguimiento a las acciones de investigación e inteligencia permanentes de la Fiscalía, en el que las fuerzas de seguridad detuvieron a siete personas que circulaban en un vehículo.

Los detenidos fueron identificados como Guadalupe N, de 22 años; Álvaro N, de 24 años; Gerardo N, de 38 años; Reyes N, de 23 años; Marco N, de 21 años y Ángel N, de 21 años y un menor.

El informe señala que a los detenidos se les aseguraron “dos armas largas, una corta, 14 bolsas de plástico que contenían hierba verde seca con las características propias de la marihuana y un vehículo”. Las siete personas, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

En un segundo despliegue, realizado en el poblado de La Venta, se logró la detención de Jorge N y Alejandro N, a quienes se les aseguraron aproximadamente tres kilogramos de hierba verde seca con características propias de la marihuana. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público del estado por delitos contra la salud.

Las acciones de inteligencia realizadas por las autoridades han permitido, entre junio y julio de este año, la captura de 16 presuntos miembros de este mismo grupo delictivo con presencia en el puerto.

“Entre las capturas destaca la inhabilitación de Jesús N, alias El Comando Tizok, identificado como líder criminal de esta estructura delictiva, detenido junto a otras tres personas el pasado 1 de julio en el Fraccionamiento Las Playas”, señaló la Fiscalía.

Asimismo, se logró la captura de Guadalupe N, alias La Wera y Marco N, alias El Chilango, dos presuntos jefes de sicarios detenidos este lunes 8 de julio en la colonia Mozimba.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero reiteró su compromiso con la población de emprender acciones interinstitucionales para garantizar el acceso a la justicia, combatir la impunidad y contribuir a recobrar la paz social en el estado.

Capturan al R8, jefe de seguridad de El Guano

Un operativo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN) permitió la captura de El R8, jefe de seguridad de Aureliano Guzmán Loera El Guano, hermano de El Chapo Guzmán.

El detenido es quien se encarga de comprar el equipo táctico y armamento de El Guano, aparte es quien coordina toda la seguridad del grupo delictivo.

De acuerdo con los reportes, el enfrentamiento ocurrió este lunes entre los límites de Durango y Sinaloa, y tenía por objetivo detener a El Guano; sin embargo, éste logró escapar de las Fuerzas Armadas, lo que produjo un amplio seguimiento por la región, sin resultados positivos.

El Guano es considerado uno de los principales generadores de violencia en las zonas montañosas de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, por ello, la importancia de los operativos para capturarlo.

El enfrentamiento inició en una comunidad conocida como San José del Llano en Badiraguato, Sinaloa, y se amplió hasta Tamazula, en el estado de Durango, tras cuatro horas de operativo.

Los efectivos militares lograron el aseguramiento de El R8 y de cuatro personas más, y minutos después fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México para sus primeras declaraciones. En imágenes que fueron dadas a conocer a través de redes sociales, se muestra a los detenidos, quienes son flanqueados por los elementos federales, previo a subirlos al avión de la Fuerza Aérea Mexicana que los llevaría a la capital del país, procedentes de la Base Aérea Militar 10.

Al llegar a la capital se le presentará con un juez, quien será el encargado de determinar su situación jurídica y posteriormente será trasladado a un penal de máxima seguridad.

Los detenidos, presuntamente forman parte de la facción Gente del Guano, que es afín al Cártel de Sinaloa, además, que a los imputados se les encontró y decomisó armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

A pesar de que las autoridades no han confirmado la identidad de las bajas, se menciona que entre ellas pudiera estar uno de los hijos de El Guano, aunque falta la información oficial.

Las Fuerzas Federales estarían pisando los talones de Aureliano Guzmán, ya que en 2023 se realizaron al menos dos operativos, en febrero y agosto; más el de este lunes sumarían tres para atraparlo.

Se conoce que El Guano es parte de una célula del Cártel de Sinaloa y de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es responsable del tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos. Además, el gobierno de ese país ofrece cinco millones de dólares por información que lleve a su captura.

En redes sociales se dieron a conocer imágenes, en las que se muestran diversos vehículos quemados por los criminales durante el enfrentamiento, aparte de un contingente de la Sedena realizando diversos operativos en zonas serranas.

Los efectivos militares atravesaron camionetas sobre caminos de terracería para verificar el paso de los vehículos por el estado de Durango y Sinaloa.

Agresiones a la prensa suben 62% este sexenio

Los ataques contra la prensa se incrementaron 62.12 por ciento durante los últimos seis años respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con el informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México presentado por Artículo 19.

Durante la presentación de “Derechos Pendientes”, la organización afirmó: “Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registraron tres mil 408 agresiones contra la prensa desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2024”.

Señaló que esto representa un promedio de una agresión cada 14 horas, incluidos los asesinatos de al menos 46 periodistas y cuatro desaparecidos. Registró que el Estado mexicano, mediante sus autoridades, se mantiene como el principal agresor de la prensa, con mil 559 hechos (45.75 por ciento del total).

En el panorama nacional, documentó agresiones contra periodistas y medios de comunicación en todos los estados del país; no obstante, los mayores índices se registraron en la Ciudad de México (582), Guerrero (247), Puebla (241), Quintana Roo (236) y Veracruz (199).

Artículo 19 sostuvo que durante el sexenio se registraron 179 agresiones en las conferencias mañaneras, e identificó que autoridades municipales y estatales de 20 entidades repitieron 62 veces el mismo discurso estigmatizante, con señalamientos como: “hampa del periodismo”, “hipócritas”, “prensa fifí”, “conservadores”, “fantoches”, “doble cara” y “corruptos”.

Asimismo, insistió sobre la estrategia de control de líneas editoriales que mantiene el Gobierno a través del gasto en comunicación oficial. De los 916 medios de comunicación que recibieron publicidad oficial durante el Gobierno de López Obrador, los primeros 10 concentraron 47.08 por ciento de los recursos.

“Este informe acucioso, documentado, profesional y exhaustivo, llevado a cabo por Artículo 19 y alimentado del caminar con las víctimas de este país, se divide en los ejes fundamentales que he mencionado con anterioridad y de los cuales mencionaré a continuación sus rasgos principales”, expuso Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19.

Asimismo, se indicó que el 2018 fue un año de corte histórico, y se reconoció que los problemas en torno a la violencia contra periodistas viene de atrás. También se indicó que el tema es la continuidad y deterioro de esta problemática, pues, se dijo, se rompió la interlocución entre sociedad civil y Gobierno. Se hizo énfasis en que esa política de negación y silenciamiento es un cambio respecto al pasado, aunque no cambian las realidades.

Asimismo, se informó que en el informe se analizó el desmantelamiento del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), la imposición del actual titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la falta de registros confiables para conocer la crisis forense en el país, así como la estrategia de manipulación y reducción de las cifras de personas desaparecidas.

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