Durante el 2022 el delito de corrupción de menores se disparó en mil 500 por ciento en Campeche, toda vez que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a noviembre se registraron 48 casos, mientras que en el mismo lapso del año anterior sólo fueron tres.
En la entidad gobernada por Layda Sansores este delito tiene penas muy laxas, al grado de que según el artículo 250 del Código Penal del estado, inducir a un menor de edad a consumir bebidas alcohólicas no se castiga con cárcel, sino sólo con multa de 100 días de salario y trabajo a favor de la comunidad.
El artículo 251 establece que sólo si tras la práctica reiterada del consumo el menor afectado adquiere el hábito del alcoholismo, el responsable tendrá como pena entre seis meses y dos años de prisión, una sanción que, al no ser grave, le permite a los corruptores llevar sus procesos en libertad.
De acuerdo con el artículo 253 del ordenamiento citado, a quien induzca a una persona menor de edad o sin capacidad mental para comprender, a practicar la prostitución o a realizar actos de exhibicionismo corporal obsceno, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de 300 a 700 días de salario.
Y el artículo 257 establece que a quien prometa entregar dinero u otra ventaja de cualquier naturaleza a una persona menor de edad para que tenga cópula o realice actos sexuales con éste o con un tercero, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y una multa de entre 100 y 400 días de salario.
En contraste, el Código Penal Federal, en su artículo 201, establece que la corrupción de menores en cualquiera de sus modalidades, como lo son el realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, prostitución, ebriedad, consumo de narcóticos, prácticas sexuales o cometer delitos, se castigará con entre cinco y diez años de prisión y de 500 a dos mil días-multa.
Campeche no es precisamente un buen lugar para que vivan los niños. De acuerdo con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF estatal, cada año se presentan 300 casos de abuso y violencia contra menores de edad en la entidad.
La dependencia sostiene que entre 30 y 40 de los casos están relacionados con abuso sexual o violación, en la mayoría provenientes de personas cercanas a las víctimas, como familiares, vecinos o padrastros.
A lo anterior se suma el hecho de que, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), los homicidios dolosos contra niños y adolescentes registraron un alza del 3.2 por ciento durante el 2022, con corte al mes de noviembre.
La corrupción de menores es un problema poco visible en la sociedad campechana y del que los medios locales se ocupan muy poco o nada. La última publicación sobre un imputado por este delito data del 15 de enero del 2022, hace un año.
