La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presidió la entrega de 175 viviendas a familias damnificadas por deslizamientos en Tijuana, reafirmando el compromiso de procurar el bienestar de todas las personas.
En su mensaje, la mandataria resaltó la voluntad del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para apoyar a quienes se han visto afectados por derrumbes, dando un acompañamiento a las necesidades de las familias.
"Lo que se hizo aquí es un acto de justicia, no son dádivas, es justicia, así lo dice nuestro Presidente", expresó Marina del Pilar durante la entrega que tuvo lugar en el fraccionamiento Vista Horizonte, en el sur de la ciudad.
Asimismo, la gobernadora señaló que se dará seguimiento a las necesidades de las personas reubicadas, garantizando que tengan servicios públicos como seguridad, alumbrado público y recolección de basura.
Por su parte, el secretario de Infraestructura, Desarrollo y Reordenación Territorial, Arturo Espinoza Jaramillo, informó que la inversión asciende a 112 millones de pesos estatales y federales.
El funcionario estatal destacó los años de lucha, paciencia y determinación de las familias damnificadas, así como la colaboración de otras instituciones como la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), que otorgó parte del recurso.
Asimismo, hizo énfasis en la coordinación con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), que agilizó el proceso de suministro de agua en las unidades habitacionales entregadas.
La gobernadora Marina del Pilar encabezó la entrega de las llaves de las casas así como de los títulos de propiedad emitidos a través del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda de Baja California (INDIVI).
En el evento estuvieron presentes Edna Elena Vega Rangel, titular de la CONAVI; Saúl Osnaya, director de INDIVI; Catalino Zavala Márquez, secretario general de Gobierno de Baja California; Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado del Gobierno de México en Baja California; Jorge Enríquez, encargado de despacho de la CESPT y el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez.
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