El diputado priista de Chihuahua, Omar Bazán Flores, dijo que espera que antes de que el exgobernador, Javier Corral Jurado, tome su puesto como senador haya una sentencia por los presuntos hechos de corrupción cometidos en su mandato como la adquisición de un terreno por 10 mil pesos en 2019.
Diferentes medios nacionales hicieron público que hay demandas contra el exgobernador Corral Jurado y la exsecretaria de la Función Pública (SFP) estatal, Mónica Vargas Ruiz, por encubrir supuestas irregularidades del exmandatario.
La audiencia, a la que fue llamado Corral Jurado, está programada para el 23 de julio a las 11:00 horas, derivado del expediente DE-108/2022 y del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), resultado de su denuncia ratificada en mayo del año antepasado.
El pasado viernes medios informaron sobre la acusación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de Corral Jurado por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal relacionados con la compra de un terreno para ampliar su vivienda de la calle Ignacio de la Peña 2079, colonia Partido Romero, en Ciudad Juárez.
El terreno está ubicado junto a la casa del expanista, en la calle Costa Rica 179. El sitio fue nombrado “terreno caliente”.
En febrero de 2022, Bazán Flores tramitó ante la SFP la primera denuncia contra el próximo senador por Morena.
La 66 Legislatura del Senado, a la cual se integrará Corral Jurado, iniciará sus labores el 1 de septiembre, por lo que el señalado tendrá fuero.
“Espero que en estos días previos al 1 de septiembre se pueda tener sentencia por parte del Tribunal Administrativo y en su caso los efectos penales correspondientes para que no pase el supuesto que la protección del fuero pueda proteger a un posible delincuente”, declaró Bazán Flores a La Razón.
En Google Maps se observa que, en septiembre de 2018, el número 179 de la calle Costa Rica tenía una construcción demolida y para agosto de 2021, el predio ya estaba construido y formaba parte de la vivienda de Corral Jurado.
En mayo de 2022, El Diario de Juárez publicó imágenes aéreas en las que se aprecia cómo lo que era una construcción demolida ahora tiene pasto y forma parte de la residencia del exmandatario.
“En 2022 solicité a la Secretaría de la Función Pública del estado de Chihuahua se investigara el patrimonio del gobernador Javier Corral dado que uno de los terrenos que son, adjuntos a la vivienda del mismo en Ciudad Juárez no se encontraban descritos en su patrimonio familiar en su declaración patrimonial pública del gobernador”, comentó el priista.
En mayo de 2022, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por presunta defraudación fiscal y falsedad en declaraciones patrimoniales.
De acuerdo con medios locales, el exmandatario se apropió del terreno con base en artilugios legales, pues el sitio está en calidad de intestado.
El edil explicó en una conferencia en ese mes que el terreno de 277 metros cuadrados fue adquirido por Corral Jurado por 10 mil pesos; no obstante, el valor era de más de 500 mil pesos. Hasta ese momento, afirmó, el sitio no lo había registrado a su nombre.
Bazán Flores confió que las indagatorias se lleven a cabo con prontitud y que sigan las normas de justicia.
“Espero que la misma (investigación) se lleve con prontitud y con justicia y, sobre todo, con todas las determinaciones jurídicas que lleven a cabo sobre esta irregularidad que a todas luces es visible por parte de las pruebas que acreditan mi denuncia en esta Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua”, dijo.
ENCUBRIMIENTO. El priista acusó a la exsecretaria de la Función Pública estatal, Mónica Vargas Ruiz, por presuntamente clonar folios y encubrir al exgobernador para la adquisición del terreno.
De acuerdo con Bazán Flores, el 30 de mayo de 2022 denunció penalmente a Vargas Ruiz por el extravío de la queja original que había presentado en septiembre de 2019, por el llamado “terreno caliente” que el exgobernador se adjudicó de forma irregular.
El diputado aseguró que hay evidencias de que la extitular de la SFP en el gobierno de Corral Jurado encubrió a éste e incluso clonó folios de expedientes para simular que habría de darle trámite a su queja desde entonces, lo que no hizo dado que, al llegar la nueva administración, la sucesora de Vargas Ruiz en la dependencia, María de los Ángeles Hurtado, no encontró registro alguno de la denuncia.
Frente a esta situación, el diputado local promovió la querella por la probable comisión de los delitos de daños, ejercicio ilegal del servicio público, coalición, retardo en la administración de justicia y encubrimiento por favorecimiento, contra la exsecretaria Vargas Ruiz, a quien, considera, la FGJE debe investigar para proceder penalmente, igual que con el exgobernador.
Indicó que ahora que ya hay avances en este caso se debería turnar al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), que deberá procesar por esta vía al exgobernador.
Sin embargo, también considera que esta instancia podría estar comprometida, porque sus tres magistrados, Mayra Arróniz, suspendida por investigación del Órgano Interno de Control, Gregorio Morales Luévano y Alejandro Tavares Calderón, fueron impuestos por el exgobernador Javier Corral desde 2019.
“A todos los magistrados los impuso el corralismo, eso no nos da confianza, además de que su labor es ampliamente cuestionada, emite unas cuantas sentencias al año”, aseguró Bazán Flores.
Por lo anterior, consideró que el TEJA debería ser reformado para que atienda la demanda de justicia administrativa.
