Las entidades federativas destinan el 75 por ciento de su presupuesto al gasto corriente, es decir, a pago de salarios, actividades administrativas y viáticos, entre otros, y sólo el 11 por ciento a gasto de capital, que incluye la inversión en obras públicas y políticas de gobierno para beneficio de la población.
De acuerdo con el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2022, publicado el pasado mes de diciembre por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), durante el 2021 los 32 estados ejercieron recursos por dos billones 332 mil 095 millones 894 mil 721 pesos, un monto equivalente —dice el propio Instituto— a dos veces el presupuesto total asignado al IMSS para este 2023.
De estos 2.3 billones de pesos, tres de cada cuatro pesos, es decir, el 75 por ciento, se utilizaron sólo en gasto corriente. El 11 por ciento se ejerció en gasto capital, un 10 por ciento en participaciones, tres por ciento en amortización de la deuda y el uno por ciento restante en pensiones y jubilaciones.
Además, durante el 2021 las entidades gastaron 170 mil 635 millones de pesos por encima de lo programado, una cifra equivalente al ocho por ciento adicional, que fue ejercida sin los debidos controles. En este rubro, el análisis del Imco señala que “los ingresos excedentes son cheques en blanco”, debido a que “no están debidamente regulados”.
Durante el 2021, 20 gobiernos estatales contrataron en conjunto 70.7 millones de pesos de deuda adicional, mientras que otros 12 prefirieron no endeudarse más. Los estados que más empréstitos suscribieron fueron Nuevo León, Morelos y Guanajuato.
En cuanto a los “gastos no planeados”, en el 2021 se registró un excedente de 130 mil millones de pesos, lo que representa el seis por ciento adicional a lo estimado.
En el lapso estudiado, los estados reportaron un gasto de 121 mil 217 millones de pesos en seguridad y dejaron de ejercer mil 314 millones de pesos, equivalentes al 1.0 por ciento de lo programado, que era de 122 mil 531 millones de pesos.
En ese año del 2021, las 32 entidades federativas gastaron de manera global 30 mil 889 millones de pesos en el sector salud, lo que se traduce en un 14 por ciento más de lo que tenían aprobado.
El estudio del Mexicano para la Competitividad destaca que entre el 2015 y el 2021, el gasto funcional en salud de las administraciones estatales aumentó 27 por ciento en términos reales.
En cuento a educación, los estados gastaron 49 mil 870 millones de pesos durante el 2021, siete por ciento más de lo aprobado, que era de 755 mil 289 millones de pesos y 6.9 por ciento más que en el año anterior.
En materia de justicia, las entidades federativas ejercieron en el año objeto del estudio dos mil 338 millones de pesos, lo que significa un aumento del dos por ciento respecto a lo aprobado.
Ante los desequilibrios que generan el gastar más o menos de lo aprobado, el Imco recomendó que los gobiernos estatales “se apeguen a sus presupuestos de egresos y leyes de ingresos y, en caso de reasignaciones mayores, solicitar la aprobación del congreso local”.
