Estados, con hoyo de 2.7 billones de pesos

De acuerdo con el Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) 2023 que dio a conocer el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), los estados del país tienen recursos en la opacidad por dos billones 691 mil pesos.

Según cálculos realizados por La Razón, con este dinero se podrían construir 11 trenes Maya, con base en el costo publicado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el año pasado, de 230 mil millones de pesos.

También alcanzaría para construir 22 refinerías como la que está por terminarse en Dos Bocas, cuyo costo es de 120 mil 25 millones de pesos.

Estos recursos que los estados en su conjunto ejercen sin transparentar equivalen a 51.1 veces el presupuesto de la UNAM para este año, que fue de 52 mil 728 millones 127 mil 711 pesos.

Además, este monto equivale a 526 millones 291 mil 666 pagos del programa Bienestar para Adultos Mayores, que es de cuatro mil 800 pesos.

En su reporte, el Imco señala que 13 entidades presentaron retroceso en su calificación relacionada con la transparencia de los recursos que ejercen, de las cuales, Sonora es la que más cayó, pues en el 2022 obtuvo 96 en escala del 1 al 100 y en este 2023 tiene 77.

El segundo estado que más retrocedió fue Zacatecas, cuya calificación pasó de 97 a 86 entre un año y otro.

En contraste, sólo siete de las 32 entidades federativas obtuvieron calificación de 100 en el BIPE: Baja California, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Yucatán.

El Imco señala que este fenómeno de la escasa transparencia se presenta por diversas razones, entre ellas la falta de homologación en los sistemas de rendición de cuentas.

También se debe a prácticas que el Imco detectó durante su revisión, como “presupuestos fantasmas”, para lo cual puso como ejemplo a Morelos, en donde “hay varios programas del Anexo para la igualdad de género que no cuentan con presupuesto asignado”.

Otra práctica irregular detectada fue la difusión de informes ilegibles, como en Zacatecas, que “publicó tabuladores salariales que no se pueden leer”. Se trata “de 50 páginas del Presupuesto imposibles de leer y se desconocen los sueldos y salarios de los servidores públicos”, dice el reporte.

De acuerdo con el Imco, se demostró que los cambios de gobierno ponen en riesgo la transparencia presupuestaria.

En el caso de Sonora, que es el estado que más puntos porcentuales de calificación perdió de un año a otro, tuvo cambio de gobierno, ya que terminó su periodo la priista Claudia Pavlovich y empezó el del morenista Alfonso Durazo Montaño.

En Zacatecas también hubo cambio de gobierno, puesto que salió el priista Alejandro Tello Cristerna y asumió el cargo el morenista David Monreal Ávila.

El BIPE 2023 contempla la evaluación del ejercicio del gasto de las entidades federativas con un total de 116 criterios agrupados en 10 secciones, cada una de las cuales mide una dimensión distinta de las finanzas públicas.

En ese sentido, el reporte de este año señala que las secciones con mayor porcentaje de incumplimiento fueron los referentes a la deuda pública.

También existe un elevado nivel de opacidad en los tabuladores de los salarios, en especial del personal docente, ya que es común que no se distinga a los miembros del magisterio de los empleados de confianza ni al personal adscrito al ámbito estatal o al federal.

El Instituto señaló que la transparencia presupuestaria contribuye a asegurar la rendición de cuentas, mejorar la capacidad de gestión gubernamental y, en última instancia, a ofrecer mejores bienes y servicios públicos a los ciudadanos.

Añadió que los estados “siguen sin adoptar el lenguaje establecido para la elaboración y publicación del presupuesto, a pesar de los esfuerzos realizados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac) por transparentar y armonizar el reporte de las finanzas públicas”.

En ese sentido, apuntó que las entidades federativas publican las asignaciones de los poderes públicos de forma diferenciada y discrecional.

Ante esta situación, el Imco propone reformar el marco normativo presupuestal en las entidades para incorporar las mejores prácticas internacionales en materia de reporte de información, contabilidad gubernamental y transparencia presupuestaria.