Otorgar seguridad al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, después de que concluya su administración, y a dos miembros de su gabinete, podría costar hasta 300 millones de pesos, esto es, casi el 50 por ciento de los 657 millones de pesos que la administración actual ha recuperado por medio de acciones fiscales en la llamada Operación Justicia.
Corral Jurado envió una iniciativa al Congreso de su estado para que se le otorgue a él y a los titulares de la Fiscalía General del Estado y de las secretarías de Seguridad Pública y General de Gobierno, escoltas, gasolina y vehículo blindado de manera gratuita durante cuatro años, después de que dejen sus cargos.
Sin embargo, otorgarle dicha seguridad al panista costaría alrededor de 300 millones de pesos, advirtió el subcoordinador de la bancada del PRI en el Congreso de Chihuahua, Omar Bazán Flores.
“Trescientos millones de pesos o un poco más, que servirían ahora para matizar el problema de salud en varias clínicas del estado de Chihuahua”, externó el legislador, en entrevista con La Razón.
Dijo que es una “incongruencia”, puesto que hace cinco años el propio mandatario pidió que se le quitara a los exgobernadores, a través de una iniciativa que se aprobó en el Congreso, a petición de él, esta seguridad.
Ahí te habla de su fracaso en materia de seguridad, de sus miedos internos que tiene y que quiere que los chihuahuenses le paguemos esa seguridadOmar Bazán Flores, Diputado de Chihuahua
De acuerdo con el Gobierno chihuahuense, la administración actual ha logrado recuperar, por la vía fiscal, 657 millones de pesos que se usaron en presuntos actos de corrupción durante la administración del exgobernador de la entidad César Duarte Jáquez —quien está detenido en una prisión en Estados Unidos—, como parte de la llamada Operación Justicia, una de las acciones impulsadas por Corral Jurado desde el principio de su gestión hace casi seis años.
“De las 151 auditorías fiscales realizadas a los ‘beneficiarios reales’ de los esquemas agresivos de evasión fiscal (empresas fantasma EFO y empresas que deducen operaciones simuladas EDO) que se detectaron en el combate a la corrupción de la administración pasada, se han logrado recuperar 657 millones de pesos”, se lee en una publicación del Gobierno estatal, fechada el 12 de julio pasado.
Esa cantidad, de acuerdo con el Gobierno estatal, equivale al 92 por ciento de los 713 millones de pesos que la administración ha recuperado en los últimos años como parte de dicha operación.
El martes pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema de los escoltas y dijo que no debe hacerse uso del presupuesto para seguridad a exfuncionarios, y que si Corral Jurado “considera que puede verse afectado, si está en riesgo”, puede acceder al mecanismo de protección que ofrece la Secretaría de Gobernación.
“No me corresponde; es un asunto que tiene que ver con el estado y, desde luego, no debe utilizarse el presupuesto con estos propósitos”, aseveró, tras ser cuestionado durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.
- El dato: Por temas que tienen que ver con austeridad, las entidades y la misma Federación han suprimido esos apoyos para los exfuncionarios y se ha normalizado esa práctica desde hace años.
