De las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana, 22 cuentan ya con un Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, figura que está incluida ya sea en los códigos civiles o familiares o en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia de cada estado.
Sin embargo, no hay criterios unificados para el funcionamiento de esta suerte de “tendederos oficiales”, pues en algunos entidades se le da al deudor un plazo de hasta 90 días para ponerse al corriente, como en la Ciudad de México, Nuevo León o San Luis Potosí y en otros sólo 30, como en Oaxaca, Jalisco o Sinaloa.
En algunas entidades se contempla intervenir las propiedades del deudor para obligarlo a pagar y en otras es simplemente la exhibición como deudores.
Pero en la mayoría de las legislaciones la principal sanción es no poder obtener una candidatura para algún cargo de elección popular u ocupar algun puesto en la función pública, como ocurre con Yucatán, Quintana Roo o Sonora.
Al respecto, Diana Luz Vázquez Ruiz, activista y promotora de la “Ley Sabina”, dijo a La Razón: “A pesar de que estas disposiciones ya están en muchos estados, en la práctica no operan como deberían hacerlo, por lo que son insuficientes”.
Mencionó que en muchos casos los registros permanecen aún ocultos, por lo que “no son garantía de que estos señores cumplan o que sepamos quiénes son o cuántas infancias tienen en abono”.
Respecto a si tienen mayor efectividad los tendederos colectivos que instalan las organizaciones sociales, dijo: “Nosotras hemos tenido más efectividad evidenciando a estos señores. Incluso muchas madres nos dicen que llevaban años en un juzgado esperando y que exhibir las fotos hace que los morosos se pongan en contacto con ellas”.
Agregó que por ese motivo, los colectivos siguen promoviendo, tras diez años de lucha, crear un padrón nacional de deudores alimentarios.
“Pero primero estamos buscando que esto sea reconocido en todos los congresos locales, pues a pesar de todo, hemos visibilizado la problemática”, remarcó.
Diana Luz mencionó que aún son muchos los problemas que enfrentan las madres que luchan por una pensión para sus hijos.
“En las audiencias las mujeres no resuelven nada, las autoridades no ayudan a dar seguimiento a los procesos, hace falta conciencia con perspectiva de género, muchos jueces benefician a los deudores, pactan con ellos y se corrompen por dinero”, acusó.
Añadió que el gran problema es que a pesar de que el tema está legislado, no se ponen a disposición de las víctimas las herramientas, como una adecuada defensa que les ayude en los procesos.
“Muchas de ellas (las madres de familia) desisten, se cansan no sólo de gastar dinero, sino que se cansan emocionalmente, para nosotras es un calvario”, enfatizó.
