Roberto Javier Fierro Duarte, fiscal general de Chihuahua, señaló en entrevista que el caso de la detención de Francisco "G.", como cualquier otra investigación, se atiende de manera puntual y no se trata de una venganza.
“Es una investigación en la que nos da vista la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se trata de una venganza, ni de revanchismo, ni persecución, es dar cumplimiento a lo establecido en la ley; nuestra misión es brindar justicia a quienes fueron víctimas de la comisión de un delito”, puntualizó el funcionario público.
Asimismo, aseguró que los asuntos legales en contra del exgobernador César D. J. no corren ningún riesgo de “caerse”.
Por otra parte, existen testimonios que confirman lo dicho por el actual fiscal del estado.
“Me decían que dijera la verdad que ellos querían, que yo era enemigo del estado… Y que era el estado contra mí y mi familia: Me seguían, me doblé, lloré, no me dieron ni agua y eran declaraciones largas”, expresó una de las víctimas de identidad reservada.
Dentro de la audiencia, una testigo aseguró que los actos de tortura eran del conocimiento del exgobernador y exfiscal general.
“El exgobernador Javier Corral y el exfiscal César Peniche sabían lo que pasaba, dando la complacencia para que realizarán conductas que a mi parecer es tortura, e incluso sé que, en muchas ocasiones, cuando revisaron mis declaraciones, daban instrucciones de que le cambiaran o agregaran algo”, señaló.
Esto ocurrió durante el quinquenio que encabezó el exgobernador panista, Javier Corral Jurado. En esta época se puso en marcha la denominada Operación Justicia para Chihuahua. Francisco G. A. fue designado fiscal encargado de indagar las violaciones a los derechos humanos, durante estas investigaciones.
En diciembre de 2021, la Fiscalía General de Chihuahua recibió una denuncia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el que la Dirección Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura advirtió a la institución encargada de la procuración de justicia sobre hechos relacionados con tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Debido a esto, se reunió un equipo multidisciplinario que investigó el caso y se levantaron diversas declaraciones y evidencia, en representación de las cinco víctimas, además de estudios y análisis que arrojaron que el exfiscal Francisco G. A. fue uno de los principales operadores.
De igual forma, el Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos aplicaron el Protocolo de Estambul en todos los casos, lo que permitió establecer que todos fueron víctimas de tortura psicológica, lo que les generó afectaciones en su conducta física y emocional.
FGR
