La Fiscalía General de Chihuahua solicitó el desafuero del senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En entrevista radiofónica, el Fiscal César Augusto Peniche señaló que la solicitud de desafuero que presentaron ante la Cámara de Diputados contiene documentos y declaraciones ministeriales de testigos presenciales que confirman la entrega de dinero al ahora senador por parte las autoridades hacendarias de la pasada administración estatal.
No solamente hay la versión de un testigo, como se ha dicho, ahí está la versión de personas que estuvieron, o que directamente tienen conocimiento de estos hechos, no son testigos de oídas, son testigos presencialesdijo el Fiscal chihuahuense.
César Peniche explicó que el senador Cruz Pérez se encuentra involucrado en la investigación denominada “La Nómina Secreta”, donde el gobierno de César Duarte desvió, durante tres años, alrededor de mil millones de pesos, los cuales fueron entregados de manera discrecional a los entonces diputados locales, líderes de partidos e incluso algunos medios de comunicación.
Hay un hecho irrefutable, que es que dentro del gobierno de la anterior administración estatal hubo una serie de desvíos, que se destinaron a complacer y obtener las complacencias de una clase política, y de una clase de representantes sociales, me imagino que para los fines políticos de esa administraciónseñaló César Augusto Peniche.
Este dinero fue entregado de forma irregular pues se entregaron recursos sin que hubiera una partida presupuestal aprobada por el Congreso del Estado. “Entonces esos desvíos no son otra cosa que actos de corrupción. En pocas palabras, se repartían el dinero del Estado de Chihuahua con la finalidad de tener un control político y social”, señaló el funcionario.
César Augusto Peniche reconoció que la mayoría de Morena puede frenar el proceso en contra de su compañero de partido, pero dijo su misión es presentar las denuncias correspondientes y alejarse de las consideraciones políticas.
“Si nosotros llegamos a la conclusión de que hay un hecho delictivo, entonces procedemos, de manera formal, ante la autoridad judicial, en este caso ante el Congreso, ya lo demás, si el Congreso lo aprueba o no, lo reserva, lo dilata o lo determina inmediatamente, pues ya es una atribución que corresponde a ellos”, concluyó el fiscal de Chihuahua.
Por separado, el mandatario estatal Javier Corral advirtió que en esta investigación no habrá excepciones para nadie, sea del partido que sea, incluido el PAN.
Agregó que ahora todos los implicados se dicen “perseguidos políticos”, desde el exgobernador, hasta el senador Pérez Cuéllar, a quien dijo se le atribuye su probable participación en corrupción, “pues se encontraron documentos, que serán utilizados como prueba, para demostrar que entre 2013 y 2015, tuvo un acuerdo con el exgobernador por el que recibió en diversas ocasiones dinero público”.
Corral Jurado precisó que cada involucrado seguía la misma mecánica, recibían dinero y firmaban un recibo y en este caso apuntó: “Están los documentos acreditados. Hay dictámenes grafoscópicos con su firma y testimonios”.
Y confió en que, llegado el momento, obtendrá las órdenes de arresto correspondientes y no habrá impedimentos legales para que se pueda proceder, por lo que reiteró al Senado que “no se convierta en refugio de la impunidad”.
Agregó que no se expondrá a que se diga que se actuó “selectivamente” para atacar a los involucrados, pues la indagatoria ha sido pública.
“Nunca iba a caer en ese supuesto, pero hubo actores que no sólo no creyeron que así iba a ser y confiaron en abrigarse en temas electorales para eludirlo”, dijo en referencia a los señalamientos contra la alcaldesa de Chihuahua,María Eugenia Campos, también del PAN.
