La delegación de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes del DIF Zacatecas informó esta semana que en el municipio de Fresnillo, seis menores viven en condiciones de explotación laboral en sus núcleos familiares.
De acuerdo con los reportes oficiales, los menores deben salir de casa para pedir dinero en cruceros y vías rápidas, por lo que se iniciaron investigaciones con la Fiscalía General del Estado.
Esos casos se suman a otros cuatro que se dieron a conocer el pasado 30 de agosto, en la comunidad de El Mineral, en el mismo municipio. Según denuncias ciudadanas, corresponden a familias de origen indígena que obligaban a los menores a trabajar.
El Módulo de Trabajo Infantil del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) coloca a Zacatecas, junto con Nayarit y Campeche, como cabeza de la lista de las mayores tasas de trabajo infantil en México.
En 2017 esa entidad reportó 18.9 por ciento de la tasa de trabajo infantil por entidad federativa. Campeche, con 18 puntos porcentuales, ocupa la tercera posición, mientras que Nayarit, con 19.7 es la entidad con más menores de edad que trabajan. Las tres superan por mucho la media nacional, que alcanza 11 por ciento, según la estadística.
La actividad económica en niños y adolescentes está vinculada con los ingresos de las familias, esto suele ocurrir con mayor frecuencia, incluso con más justificación cultural, en segmentos que viven en condiciones de pobrezaJuan Martín Pérez García, Red por los Derechos de la Infancia en México
Además, con 29.8 por ciento, Zacatecas ocupa el primer lugar a nivel nacional en la tasa de “ocupación peligrosa” por entidad federativa, es decir, menores de edad cuyos trabajos los ponen en situación de alto riesgo.
Esos datos son concordantes con la deserción escolar en menores de entre cinco y 17 años que, en la entidad gobernada por Alejandro Tello Cristerna, alcanzó 8.2 por ciento, por encima del 7.2 a nivel nacional.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), explicó a La Razón que la actividad económica en niños, niñas y adolescentes está generalmente vinculada con los ingresos de las familias, además de que esto suele ocurrir con mayor frecuencia, “incluso con más justificación cultural”, en segmentos de la población que viven en condiciones de pobreza.
“Sobre todo en los entornos rurales, donde claramente las personas que integran la familia tienen que hacer parte de las actividades para la sobrevivencia”, puntualizó el experto.
Frente a esta situación, Pérez García resaltó que es indispensable diferenciar entre trabajo en un contexto familiar, trabajo infantil, y explotación de menores “porque no toda la actividad de niñas, niños y adolescentes viola sus derechos. Existen criterios establecidos en el marco normativo”.
En ese sentido destacó que el trabajo infantil legal implica actividades para adolescentes de entre 15 y 17 años, siempre y cuando cuenten con permiso de sus padres, sin afectar sus derechos (escuela, salud y recreación) y debe ser supervisado por las autoridades.
“Esto es en papel, pero no sucede en la vida real. En México tenemos cerca de 3.2 millones de niños, niñas y adolescentes que forman parte de las actividades económicas, de los cuales 2.5 trabajan desde que tenían cinco años”, lamentó.
El tercer factor, la explotación laboral, tiene características distintas, se trata de actividades que superan las condiciones físicas del menor, se exponen a situaciones de riesgo para su cuerpo o salud, “por ejemplo químicos o de exposición a riesgos en la actividad industrial o rural” y, generalmente, no reciben ingresos o son simbólicos; además de que nunca se dan en el contexto familiar.
“Esto no es trabajo ni se debe considerar como una actividad económica familiar, es explotación. Y esto requiere intervención de las autoridades y debe diferenciarse caso por caso, no se puede generalizar”, explicó, al señalar que también se dan ocasiones en que las autoridades implementan acciones a las que llaman de “erradicación del trabajo infantil”, con las que se cae en “criminalizar la pobreza”.
“Es decir, en estas actividades familiares, por ejemplo, las personas que venden y están con sus hijos en la vía pública no necesariamente significa explotación”.
