Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que el Congreso de Nuevo León continúe con el juicio político abierto en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, el emecista afirmó que ganó una batalla en contra del Congreso de la vieja política.
Explicó que la SCJN declaró inconstitucional la normativa del párrafo segundo del artículo 203 de la Ley de Juicio Político, con el que se pretendía quitarlo del cargo.
Detalló que la excusa con la que intentaron quitarlo del poder fue que no se presentó el Presupuesto, proyecto que se votó y se ejerció en 2023.
“La excusa era que ese artículo que la vieja Constitución tenía esa laguna, que decía que en cuanto se inicia un juicio político contra el gobernador se le separaba del cargo”, dijo Samuel García en un video publicado en redes sociales.
Además, señaló que el artículo 203 de la Ley de Juicio Político solo se contemplaba en la vieja Constitución de Nuevo León. Dicha opción ya no está en la nueva Carta Magna estatal.
“Me han intentado quitar por todas las vías, me han intentado revocar el mandato, me han intentado cambiar la Constitución, me han intentado quitar órganos y quitar al gabinete. Les he parado todas, no han podido”, dijo.
Samuel García advirtió que aún puede ser acreedor a una destitución, siempre y cuando se compruebe que no presentó el Presupuesto.
En este sentido, pidió apoyo a los neoloneses para construir un Congreso aliado para “ya no seguir perdiendo tiempo en Tribunales, en la Corte o en un Congreso de la vieja política”.
“Les pido que también me ayuden a tener un Congreso aliado para no perder más tiempo en tribunales, en la corte o en un Congreso de la vieja política”, mencionó.
Este martes, la SCJN validó por unanimidad que el Congreso de Nuevo León continúe con el juicio político abierto en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, tal como lo solicitó la Comisión Anticorrupción en enero del año pasado.
Asimismo, el máximo tribunal del país detalló que las y los integrantes del Poder Legislativo neoleonés no cuenta con las facultades para determinar la separación del cargo de un gobernador, por lo que recordaron que es una facultad del Tribunal Superior de Justicia debido a que se necesita una sentencia.
