La Iglesia católica exhortó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a no generar un “retroceso mayúsculo” y no ceder ante las “presiones de una ideología de moda” que busca legalizar el aborto en los estados de Coahuila y Sinaloa.
Este lunes 6 de septiembre la Corte discutirá la propuesta del ministro Luis María Aguilar, quien fue designado ministro de la SCJN en 2009 y de enero de 2015 a diciembre de 2018 fue ministro presidente, en la que propone anular el artículo 196 del Código Penal de Coahuila impugnado por la Procuraduría General de la República en 2017, que sanciona con uno a tres años de cárcel a las mujeres que abortan intencionalmente en cualquier etapa del embarazo.
Posteriormente se debatirá el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez, quien propuso anular una porción del artículo 41 Bis A de la Constitución de Sinaloa, que desde 2018, establece: "Desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley correspondiente, hasta su muerte".
“Exhortamos a los ministros de la SCJN para que realicen un análisis de calidad en materia de derechos humanos sobre estos proyectos, y decidan en favor de todos los seres humanos, sin generar un retroceso mayúsculo por buscar dar gusto a las presiones de una ideología de moda. Esas ideologías ya existieron anteriormente e hicieron mucho daño a la humanidad, eliminando a diferentes “tipos de seres humanos”, escribió en su editorial Desde la Fe.
Destacó que la SCJN debe garantizar la libre configuración de los estados de la República.
Además, explicó que la única limitante se da cuando una ley local va contra algún precepto constitucional o cuando sea violatoria de algún derecho humano.
“En estos dos casos, los proyectos no pueden demostrar que se esté violando alguno de estos dos preceptos –el constitucional o el de derechos humanos-, por lo que recurren a la mención de falsos “derechos reproductivos” sin sustento, que incluyen al aborto como un servicio de planificación familiar”, agregó la Iglesia católica.
Aseguró que en el caso de Coahuila se plantea que la protección del estado a la vida humana debe ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del ser humano.
Por lo que la Iglesia consideró que sería “un retroceso muy grave en materia de derechos humanos, pues no todos los seres humanos podrían recibir la misma protección de la ley; es decir, habría seres humanos de primera y de segunda clase”.
En cuanto a Sinaloa, dijo que los ministros de la corte debatirán si es correcto que la Constitución local proteja a los individuos desde su concepción, ya que la entidad no puede proteger la vida que no es autónoma.
“Esto sería también un precedente negro en materia de derechos humanos, pues los legisladores estarían limitados por ley a proteger sólo la vida autónoma. Pero, ¿en qué momento una vida es autónoma?, ¿un recién nacido entra en esa figura?, ¿un enfermo en cama, lo es? Entonces, quien depende de otra persona para vivir, ¿no puede ser protegido por la ley, si la persona encargada de cuidarle decide que ya le estorba para su propio proyecto de vida?, preguntó en su editorial Desde la Fe.
Concluyó que con esta resolución el Estado estaría protegiendo como valor primordial la autonomía, antes que la vida, y reduciría la protección de toda vida humana.
KEFS
