En las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades en el ejercicio de recursos federales por gobiernos estatales prevalece una impunidad del 98.2 por ciento, de acuerdo con un estudio elaborado por la organización Impunidad Cero.
En el análisis, publicado el pasado mes de abril, se establece que de las denuncias presentadas por la ASF sobre las cuentas públicas de 19 años —de 1998 al 2016—, sólo en el 1.8 por ciento de los casos se ha logrado una sentencia. Y sólo en el 0.6 por ciento, ésta ha sido condenatoria.
Del resto de las querellas, el 64.6 por ciento aún se encuentra en fase de integración de la averiguación previa, no obstante que en muchos casos ya han pasado varios años desde que fueron presentadas.
Según el estudio, titulado “Datos Abiertos de Fiscalización para el Combate a la Corrupción”, la ASF ha presentado 962 denuncias penales por posibles delitos derivados de la revisión de las 19 cuentas públicas mencionadas.
De éstas, sólo en 37, es decir, en el 1.8 por ciento de los casos, hay una sentencia. Pero sólo en el 0.6 por ciento del total, o sea en seis expedientes, la sentencia es condenatoria.
El 86.6 por ciento de las querellas se concentra en seis ejercicios fiscales, que van del 2009 al 2011, sobre los cuales se presentaron 834.
Pero la cuenta pública que generó más denuncias por sí sola fue la del 2012, con 220, que equivalen al 22.8 por ciento del total.
Tras su investigación, Impunidad Cero descubrió que no todos los estados cumplen con la obligación de hacer públicos los resultados de las revisiones de las cuentas públicas que realizan los organismos auditores estatales, algo a que los obliga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, promulgada el 18 de julio del 2016.
Hasta abril del 2022, los estados con los informes más recientes fueron Coahuila, que publicó el reporte de la revisión de la Cuenta Pública estatal del 2020 y Guanajuato, que hizo lo propio con el resultado de la Cuenta Pública estatal del 2019.
Respecto a las revisiones del 2018, sólo 19 de las 32 entidades federativas han publicado los resultados, mientras que los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Michoacán Oaxaca y Tamaulipas no han publicado nunca ningún reporte.
Sobre este punto, el estudio señala que la omisión en la publicación de los informes se puede deber al retraso que se presenta en algunos estados en cuanto a la revisión de sus cuentas públicas o a la opacidad, que lleva a ocultar los resultados.
Por otro lado, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación obliga a las entidades federativas a homologar sus leyes sobre la materia con la legislación federal.
Pero siete años después de su promulgación, sólo en 21 entidades se establece la obligación de informar semestralmente sobre el estado que guardan las denuncias penales derivadas de las irregularidades administrativas detectadas.
