El Gobierno del Estado de Quintana Roo presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. DE C.V., mejor conocida como AGUAKAN, por haber engañado al licenciado Julio César Ortiz Mendoza, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo y recién nombrado Magistrado, al presentar una demanda de amparo en contra del Decreto número 195 de fecha 22 de diciembre de 2023, por el cual la Legislatura del Estado abrogó el Decreto que ampliaba la concesión hasta el 31 de diciembre de 2053.
Recordemos que dicho Decreto 195 fue aprobado por unanimidad por la XVII Legislatura del Estado, derivado del reclamo social que derivó en el resultado de la consulta ciudadana vinculante en el que la ciudadanía de los Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, manifestaron no estar de acuerdo en que AGUAKAN continuara prestando el servicio, asimismo los diputados justificaron su Decreto por los múltiples incumplimientos de la concesionaria en cuanto a la falta de inversión en infraestructura, por posibles daños al ambiente y actos de corrupción para haber obtenido la prórroga de 30 años a cambio de más de mil millones de pesos que fueron desviados.
El Director General de AGUAKAN, Paul Andrew Rangel Merkley en representación de ésta, ocultó al Juez de Amparo que conoce del juicio que presentó la concesionaria contra el Decreto de la Legislatura, diversos hechos que son fundamentales para el caso, tales como los más de 20 oficios mediante los cuales CAPA determinó incumplimientos de AGUAKAN tanto en los planes quinquenales, que en los últimos años arrojó diferencias de más de $4,000 millones de pesos de rezago en inversión por parte de la concesaria.
También le ocultó otros oficios de CAPA donde determinó incumplimientos de obligaciones de infraestructura, de falta de dictámenes de impacto ambiental, calificaciones reprobatorias respecto al cumplimiento de la concesión y de la deficiente cobertura de Agua potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento. Evidenciando así, su notoria incapacidad física, comercial y global para la prestación de esos servicios.
Asimismo, AGUAKAN le ocultó al Juez los múltiples procedimientos administrativos por violaciones por daño al ambiente que le han iniciado tanto los Municipios, como la Procuraduría Ambiental Estatal y la PROFEPA.
De igual manera, según se tuvo conocimiento que el mismo PAUL Andrew Rangel Merkley como Director General y apoderado de AGUAKAN conoció todos estos hechos que le fueron ocultados al Juez de Amparo, así como un litigio que inició en la Ciudad de México para también tratar de mantener la concesión, pretendiendo amarrarles las manos a las autoridades de Quintana Roo para que no investigaran ni determinaran los múltiples incumplimientos a la concesión y así mantenerse en la misma.
De acuerdo a fuentes oficiales, en los próximos días se estaría judicializando este asunto por parte de la Fiscalía General de la República y sería el comienzo de la escalada de una serie de investigaciones avanzadas, por hechos muy graves por actos de corrupción en los que estaría involucrada AGUAKAN para obtener la ampliación de la vigencia de la concesión en diciembre de 2014 junto con ex servidores públicos.
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FGR
