Ante jueces, sólo el 4% de casos de corrupción

Un análisis elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) revela la inoperancia que tienen las fiscalías anticorrupción de las entidades federativas, a seis años de que fue creado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

De acuerdo con este amplio estudio publicado en la página del Instituto, en lo que va del año se han presentado 19 mil 289 denuncias por corrupción ante las diferentes fiscalías estatales especializadas en la materia. Pero de ese total, sólo el 4.3 por ciento llegó ante un juez. Y de éstas que sí fueron judicializadas, sólo el 0.2 por ciento derivó en una sentencia.

De enero a septiembre de este año, que es lo que abarca el análisis, sólo las fiscalías de nueve estados lograron obtener alguna sentencia como consecuencia de llevar ante el Poder Judicial las denuncias.

El estudio “Levantemos la Voz de las Fiscalías Anticorrupción” pone de manifiesto que los estados que registraron mayor judicialización de las denuncias recibidas en el lapso estudiado fueron: Querétaro, con 26 por ciento, Tlaxcala con 23 por ciento y Guanajuato, con 17 puntos porcentuales, mientras que hubo estados que reportaron cero judicializaciones, como Colima y Sinaloa.

Se destaca también que las fiscalías de 28 entidades carecen de protocolo para investigar actos de corrupción, mecanismo con el que sólo cuentan las de Sonora y Querétaro.

Además, únicamente la de Quintana Roo tiene un mecanismo para llevar a cabo indagatorias de entregas vigiladas y operaciones encubiertas en esta materia.

Del estudio se desprende que la mayoría de las fiscalías carece de recursos económicos y humanos para operar, y que hay dos entidades que ni siquiera tienen un órgano de este tipo en funciones: Baja California y Baja California del Sur.

Otro dato que evidenció la investigación es que las fiscalías de 11 estados: Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, carecen de la autonomía que deberían tener, de acuerdo con el marco jurídico.

Explica que en estos casos el titular de las unidades investigadoras de corrupción lo nombra el fiscal general de justicia, lo que se traduce en falta de imparcialidad y objetividad.

La Constitución establece que en cada entidad federativa debe existir una fiscalía especializada en investigar delitos relacionados con corrupción, la cual debe gozar de autonomía, lo cual no siempre se cumple.

Al respecto, Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del IMCO, explicó a La Razón que “al analizar la falta de operación de las fiscalías encontramos que no hay solamente un elemento que ocasione esto, sino que son tres ejes: marco jurídico, recursos y capital humano”.

Indicó que en muchas fiscalías la falta de mobiliario y hasta de equipos de cómputo son impedimentos para que las unidades investigadoras puedan funcionar de manera adecuada y por lo tanto puedan presentar resultados.

Mencionó que también hay problemas de autonomía, pues muchas veces los titulares de las fiscalías no son capaces de hacer valer esta prerrogativa ante el entorno político del estado correspondiente.

Cuestionada respecto a si hubo errores en el diseño del SNA, la especialista dijo que el desacierto no está en el diseño, sino en la forma en que opera el sistema. Por ejemplo, dijo, una constante que observamos es que no hay comunicación entre las instituciones.

Fernanda Avendaño enfatizó que para lograr un cambio en esta problemática no basta con la voluntad política de los gobernadores, pero sí es necesaria.

Agregó: “Si no hay un interés por combatir la corrupción, las fiscalías seguirán cojeando, pero hay otro elemento que va más allá de la voluntad y tiene que ver con reformas sobre asignación de presupuesto y de autonomía.

“Por eso, un llamado que hacemos en el reporte es sobre la necesidad de garantizar la autonomía, y que se nombren fiscales anticorrupción que no dependan del fiscal general de justicia”, puntualizó.