El juez Uriel Samuel Mendoza Rodríguez reveló que recibió presiones por parte del Gobierno de Chihuahua y de diversos partidos políticos para vincular a proceso, en abril de 2021, a la entonces candidata del PAN al gobierno estatal, María Eugenia Campos Galván.
Dichas presiones, que se llevaron a cabo para que fallara en contra de la hoy gobernadora de Chihuahua, provenían de Palacio de Gobierno, mientras la administración era encabezada por el gobernador Javier Corral, de acuerdo con Mendoza Rodríguez en entrevista para El Diario de Chihuahua.
“Este es un asunto que durante mucho tiempo fue tratado con muchos matices políticos y, desde luego, que tanto para mí como para todos los juzgadores que de una u otra manera intervenimos, existieron presiones en general por los intereses políticos que había, pudiera decirse que inclusive de Palacio de Gobierno en concreto”, destacó Mendoza.
El juzgador sostuvo que existían intereses y que no se trataba de una apreciación personal, sino de una cuestión de índole pública “sabida por todos”.
“Le mentiría si no le dijera que sí hubo acercamientos o algunas llamadas tratando de influenciar el sentido de la resolución, de personas relacionadas con la Secretaría de Gobierno”, señaló.
Además, expuso que hubo integrantes de partidos políticos que fueron partícipes de la presión ya que, incluso, acudían a la sede del Poder Judicial estatal.
Este es un asunto que durante mucho tiempo fue tratado con muchos matices políticos, y desde luego que tanto para mí, como para todos los juzgadores que de una u otra manera intervenimos, existieron presiones en general por los intereses políticos que había, pudiera decirse que inclusive de Palacio de Gobierno en concretoUriel Samuel Mendoza Rodríguez, Juez de control en Chihuahua
“Fueron días, meses, semanas, tanto para mí como para los juzgadores que intervenimos en esto, de muchas presiones de parte del Poder Ejecutivo, quizá, por decirlo así, como todos percibimos, desde luego, de partidos políticos, pues ustedes mismos se dieron cuenta de todas las personas que hubo aquí”, señaló.
El juez Uriel Samuel Mendoza Rodríguez consideró que estas actividades eran claras para tratar de influir en las decisiones del Poder Judicial.
“No se podía hacer nada en esos días, ni siquiera podíamos salir de aquí, desde luego que todo esto genera presiones en cualquier juzgado que lleve a cabo el asunto. En todo caso, de quien se podía advertir que había más presiones o más intereses en el asunto fuera de la índole del árbitro judicial, era el Poder Ejecutivo”, agregó.
Posteriormente, la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández, dio a conocer que será en el Consejo de la Judicatura en donde se analice la situación del juez Uriel Mendoza, y las supuestas presiones que recibió por parte del Gobierno estatal, en su momento encabezado por Javier Corral, con la intensión de afectar a la hoy gobernadora, María Eugenia Campos Galván.
Cabe recordar que María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos, y quien se desempeñó como diputada y alcaldesa en Chihuahua, transitó su campaña a la gubernatura del estado vinculada a proceso por el delito de cohecho.
Fueron días, meses, semanas, tanto para mí como para los juzgadores que intervenimos en esto, de muchas presiones de parte del Poder EjecutivoUriel Mendoza, Juez de Chihuahua
En abril de 2021, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua la acusó de recibir sobornos del exgobernador priista, César Duarte, por más de nueve millones de pesos cuando ella era vicecoordinadora del PAN en el Congreso estatal.
Según la Fiscalía local, los pagos tenían la finalidad de asegurar su voto a favor de iniciativas presupuestales del entonces mandatario y de dictámenes de fiscalización de la Cuenta Pública, en el caso conocido como la “Nómina Secreta”.
De acuerdo con la acusación, los sobornos pagados a Maru Campos también habrían beneficiado a quien fungía como coordinador de la bancada del PAN, César Jáuregui.
La investigación de la Fiscalía señalaba que entre 2010 y 2016, se extraían cheques de entre 15 y 20 millones de pesos de las partidas de la Secretaría de Hacienda destinadas al gasto operativo; sin embargo, el dinero se trasladaba a las oficinas de la Tesorería estatal, donde era resguardado y administrado para el pago de los sobornos.
Entre los acusados de participar en la “nómina secreta” de Duarte Jáquez también estuvieron Cruz Pérez Cuéllar, exsenador de Morena; Armando Cabada, exalcalde de Ciudad Juárez; Hortensia Aragón, exdiputada local, y Fernando Reyes Ramírez, exdiputado local de Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, a lo largo de cinco meses y días antes de su toma de protesta como gobernadora constitucional de Chihuahua, el Poder Judicial del estado decidió exonerar a Maru Campos de los cargos, aduciendo que el Ministerio Público no acreditó que los presuntos sobornos hubieran comprometido las votaciones legislativas de la exdiputada panista para favorecer a Duarte.
Además, el 3 de septiembre de 2021, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se retractó de presentar cargos contra Campos Galván por el presunto uso ilegal de atribuciones y cohecho.
También le fueron retiradas las medidas cautelares dictadas por el juez de control Samuel Uriel Mendoza, como el impedimento para salir del país en lo que duraba el proceso de investigación.
Así, el 8 de septiembre de 2021, y ya sin acusaciones penales, la exalcaldesa rindió protesta como gobernadora de Chihuahua, para suceder en el cargo a Javier Corral Jurado.
Durante su primer discurso, Maru Campos aseguró que su gobierno no se dedicaría a persecuciones políticas, sino a trabajar en el rescate de Chihuahua.
