El narcomenudeo, delito que según el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, está detrás de la ejecución de diez personas en Atlixco, ha provocado también un incremento en las desapariciones forzadas en los últimos meses, señaló la organización Voces de los Desaparecidos en Puebla.
Susana Sedán, integrante de la organización, dijo a La Razón que lamentablemente las autoridades estatales no han querido hacer una relación de las desapariciones con el narcomenudeo y otros delitos, para no tener que investigar a fondo.
“La Fiscalía (de Puebla), las desapariciones normalmente no las liga ni a la trata ni al narcomenudeo ni al tráfico de armas ni a ningún tipo de delincuencia organizada, de hecho no las liga con otros delitos. O sea dizque investiga la desaparición pero pues nomás así como una cosa aislada”, aseguró.
Puebla arrancó este año con un incremento del 30 por ciento en las desapariciones forzadas con relación al inicio del 2021, toda vez que el pasado mes de enero se registraron 30 casos, contra los 23 que hubo en enero del año anterior.
En tanto, el titular de la Fiscalía General de Justicia de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, informó que llegó a diez la cifra de ejecutados ayer en Atlixco, al perder la vida la persona que permanecía hospitalizada.
En conferencia de prensa, el funcionario dijo que dos de las víctimas eran menores y que todos tenían el tiro de gracia de una pistola calibre 9 milímetros.
Mencionó que todos eran originarios de Veracruz y confirmó que el crimen está relacionado fundamentalmente con narcomenudeo.
Higuera Bernal detalló que en el interior del domicilio en donde se produjo el crimen fueron decomisados varios teléfonos celulares, tres motocic, un automóvil, 9 libretas con información relativa a la aparente venta de droga y restos de narcóticos, entre otras cosas.
Por la tarde, agentes de la Fiscalía poblana catearon cinco sucursales de la Pizzería Mr Frank, empresa que al parecer está relacionada con el crimen.
Las desapariciones forzadas representan otro fenómeno en el que se ha registrado un incremento en los últimos meses, pero que las autoridades se niegan a relacionar con otras conductas delictivas.
Al respecto, la activista Susana Sedán explicó que debido a que las autoridades no ligan las desapariciones a un delito porque “buscar a las personas no es negocio”, es complicado llevar un seguimiento puntual del número de personas desaparecidas.
Debido al desinterés institucional para abordar el tema se carece de certeza en las cifras y se presenta una gran disparidad entre las oficiales y las de las organizaciones de la sociedad civil.
