El Congreso de Colima, dominado por Morena, aplicó un nuevo recorte al organismo electoral del estado —ahora de 49 por ciento— para el siguiente año, en que habrá comicios locales para renovar los 10 ayuntamientos y las 25 diputaciones locales.
El Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE) solicitó al Legislativo 88 millones de pesos para gasto operativo el próximo año, pero sólo le aprobaron 45 millones, prácticamente la mitad.
Este nuevo recorte agudizó la crisis económica del árbitro electoral, el cual arrastra las consecuencias de otros dos recortes impuestos de manera consecutiva, el más drástico de ellos de 70.2 por ciento, impuesto por los diputados para el actual ejercicio fiscal.
En entrevista con La Razón, la presidenta del órgano electoral, Adriana Ruiz Visfocri, responsabilizó a las autoridades estatales del nuevo recorte para el próximo año y de la falta de recursos en general, cuando ya está en marcha el proceso electoral 2023-2024.
Expresó: “Desde la Constitución federal y la Constitución del estado se dice que somos un organismo autónomo que realizamos una función estatal, y que corresponde al Estado mexicano y al estado de Colima, es decir, al Poder Ejecutivo y al Legislativo locales, proveer los recursos necesarios”.
Agregó que, ante la reiterada falta de cumplimiento de esta obligación, lo que procede es presentar una demanda de juicio político contra ambos poderes, “pero eso lo tendrían que procesar los mismos diputados, entonces, pues a eso se atienen, yo creo”.
La presidenta del IEE afirmó que no han tenido respuesta de la gobernadora Indira Vizcaíno al posicionamiento público realizado el pasado 10 de diciembre, cuando el Consejo General del organismo le solicitó una reunión presencial urgente.
Insistió en que la situación económica en la que se encuentra el Instituto es crítica, pues por un adeudo importante con la Comisión Federal de Electricidad en cualquier momento les pueden cortar la luz.
Y agregó: “Ya no hay gasolina para los carros y bueno, ya nada más dos están en funciones, porque no hay dinero para comprar baterías. Y hay que estar llevando notificaciones a todo el estado. También hay que estar llevando papelería y pues, no tenemos dinero para comprar la papelería”.
Ruiz Visfocri señaló que la falta de presupuesto “distrae mucho” de las labores de organización de los comicios, pues los consejeros se tienen que ocupar de cosas que no les competen para solucionar problemas, como la actualización de licencias de las computadoras, la limpieza de las oficinas y hasta el mantenimiento a los relojes checadores.
Demandas en puerta
La presidenta del IEE externó que el personal ya se ha quejado de varias formas por la falta de pago; “un trabajador en concreto me mandó un escrito y me dijo que él iba a laborar a distancia, desde su casa, porque no podía estar sufragando los gastos de traslados sin recibir su quincena”.
Añadió que otros empleados han filtrado documentos confidenciales a la prensa, “y pues los periodistas están diciendo que yo miento, que sí hay dinero, pero en realidad no hay recursos. Y ahora el paso que sigue, ya me lo sé, porque pasó el año pasado y el antepasado, es que como no se les pudo pagar a tiempo ni completo, pues demandarán laboralmente al Instituto”.
El miércoles de la semana pasada, la presidenta del Consejo General del IEE rindió su informe de actividades de este 2023, durante el cual puso en evidencia públicamente una vez más la situación crítica por la que atraviesa el organismo.
“Tampoco está asegurado el pago de salarios, mucho menos existen recursos para las prestaciones de fin de año que les corresponden a las y los trabajadores”, señaló la consejera presidenta.
Cabe mencionar que el nuevo recorte para el 2024 será el tercero consecutivo en lo que va de la administración de la gobernadora morenista Indira Vizcaíno, situación por la que el INE considera que el IEE de Colima está en “alto riesgo” por la insuficiencia de recursos para organizar los comicios locales.
El recorte más severo fue el correspondiente a este 2023, que ascendió a 70.2 por ciento, ya que el órgano electoral había solicitado 62 millones 476 mil 533 pesos para gasto de operación, pero el Congreso sólo le aprobó 18 millones 568 mil 365 pesos.