Los gobernadores de Tamaulipas, Michoacán, Durango, Coahuila y Nuevo León externaron su apoyo a la iniciativa de un grupo de tres mil empresarios para solicitar al Gobierno federal la cancelación de los proyectos del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía, con el fin de que esos recursos se destinen a servicios de salud y a contener la crisis económica del país.
Durante una reunión en el Parque Fundidora, en Nuevo León, los mandatarios advirtieron que en el tiempo que dure la epidemia se perderán miles de empleos y miles de empresas y negocios quedarán a la deriva, por lo que es necesario contar con este dinero.
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De acuerdo con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, este planteamiento se realizará de manera respetuosa al Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, “para que de una manera definitiva el gobierno central no sea el conductor de las decisiones absolutistas”.
Por su parte, Silvano Aureoles, mandatario de Michoacán, urgió a que haya un gran acuerdo para que se dispongan de recursos extraordinarios que se puedan aplicar para reactivar la economía.
“Esto significa que el Gobierno de la República tiene que hacer una reorientación de la inversión y del gasto público. En una crisis como la que vivimos no se pueden matener los mismos parámetros y las mismas prioridades”, sostuvo.
Es momento, dijo, que el Gobierno de la República posponga los proyectos que no son prioritarios y rescatar a las pequeñas y medianas empresas, que son el principal soporte del país.
Los representantes de organismos empresariales también solicitaron apoyo de los mandatarios para instar a la Federación a revisar de manera conjunta la relación para el Pacto Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal, con el fin de que se homologue de manera rápida el tema de las empresas esenciales; así como revisar los estímulos que la Secretaría de Economía otorgó a las Pymes.
Al respecto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que los mandatarios no quitarán el dedo del renglón para que las reglas de coordinación fiscal cambien para garantizar un trato más justo y equitativo hacia las entidades que más producen.
“Pero mientras existen las condiciones para que eso ocurra y se vuelva una realidad, debemos unir esfuerzos, sumar lo mejor que cada estado tiene, cuidarnos mutuamente como región”, señaló.
Los participantes acordaron también mantener una mesa permanente con los secretarios de Desarrollo Económico de las cinco entidades, quienes trabajarán de la mano con los empresarios de las industrias de construcción, vivienda, manufactura, comercio, servicios, automotriz, generación de energía eléctrica e insumos agropecuarios.
Por último, los gobernadores se comprometieron a velar por los empleos.
Rectores también firman su acuerdo de unidad
Rectores de universidades públicas y privadas firmaron un Acuerdo Nacional por la Unidad en la Educación Superior para ofrecer personal, infraestructura y equipo a las autoridades para enfrentar la emergencia por el Covid-19.
Éste establece que las instituciones se comprometen a salvaguardar la salud de sus comunidades y de la sociedad, así como asegurar la continuidad de sus servicios académicos.
“Poner a disposición de la sociedad sus capacidades científicas y técnicas, su infraestructura y equipamiento para atender los efectos de este fenómeno epidemiológico”, indica el documento.
Dada la suspensión de actividades presenciales en todo el país, las instituciones de educación superior implementaron medidas urgentes para permitir a los alumnos continuar con sus cursos, garantizando que los de menores recursos o en desventaja también lo hagan.
