Abogados y expertos en derecho penal aseguraron que las acusaciones en contra de los candidatos del PRI, Adrián de la Garza y Samuel García de Movimiento Ciudadano (MC) si puede proceder y hasta judicializarse, siempre y cuando se presentan pruebas de los delitos electorales, toda vez que por ley se deben investigar.
En entrevista con La Razón, Daniel Vergara, jurista del Colegio Nacional de Abogados aseguró que en ambos casos si es procedente la denuncia e incluso, se pueden a llegar a judicializar las carpetas de investigación, si es que se presentan pruebas que sustenten las acusaciones, sin embargo, estimó que el proceso que se les sigue sea meramente por la elección de junio próximo y por ello, es probable que se desinfle al paso de los meses.
“En el caso de Adrián de la Garza si se puede judicializar, ya que están haciendo apoyos directos a la ciudadanía con dinero a través de tarjetas para compra del voto, siempre y cuando sea cierto. En el caso de Samuel se debe analizar de donde vienen los recursos, pero como se dice, si viene de sus familiares no podría llegar hasta una sanción más alta, pero si se verían afectados ambos partidos”, señaló.
El abogado dijo que lo más probable es que los candidatos negocien con las autoridades y su campaña vaya a menos, aunque refirió que lo grave en este asunto es que el Gobierno federal sea tan obvio en utilizar a la Fiscalía General de la República (FGR) para atacar a sus oponentes y mediatizar el tema.
Por separado, Alberto Woolrich, presidente de la Academia de Derecho Penal aseguró que las acusaciones por ley si son precedentes, y por ello se deben investigar, aunque se están realizando en el marco de una elección estatal que tiene por objetivo dañarlos con el pretexto de la investigación, que es legal.
“Si verdaderamente se encuentran elementos para proceder contra los infractores de la ley, desde luego tienen que proceder porque no pueden permitir que se reciba dinero mal habido para campañas electorales”, destacó.
El jurista explicó que es un tema mediático y el Presidente de México invade campos que no le corresponden, ya que en elecciones mete temas políticos en judiciales; “legalmente está correcto pero políticamente está incorrecto”, dijo.
Además señaló que es probable que se lleve a cabo un convenio reparatorio, aunque existe la posibilidad de sanciones penales, pero estas se deben analizar.
En tanto, Pablo Becerra, politólogo de la UAM, aseguró que es una incidencia directa del Presidente en la elección de Nuevo León, misma que él ya ha dicho, además de que es una orden directa a la FGR para que se saque de la contienda electoral a los candidatos que lideran las encuestas.
“Es uno de los estados más preocupantes e importantes para Morena, aparte de que lo más riesgoso es que en la mañanera se están tomando todas las decisiones, además de que se está dejando en mal a la FGR que de autónoma no tiene ya nada”, dijo.
Mientras que Carlos Rubio, subdirector de Riesgo Político de Integralia aseguró que la intención del voto si podría cambiar por los acontecimientos que se están gestando en las investigaciones; sin embargo, indicó que será mínimo, ya que los dos acusados están ben posicionados en las encuestas.
“Estas investigaciones revelan que si hay un uso faccioso de las instituciones de la procuración de justicia, para golpear políticamente a los opositores", añadió.
