El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez de la elección y la constancia otorgada a Alfredo Ramírez Bedolla, de la coalición Juntos Haremos Historia, como ganador de la elección de la contienda por la gubernatura de Michoacán.
En sesión pública, de cara a la toma de protesta del nuevo mandatario, la Sala Superior puntualizó que de la valoración conjunta de las irregularidades en la elección estatal no se advierte que hayan tenido una determinancia para declarar la nulidad.
El magistrado ponente Indalfer Infante Gonzales expuso que particularmente en el caso del reclamo sobre la violencia electoral, no se acreditó que haya sido una situación generalizada en el estado.
“No hay elementos de que la elección haya estado plagada de irregularidades. Sólo se advierten elementos contextuales para asumir una presencia focalizada en algunas zonas de la entidad en Múgica, Gabriel Zamora, la Huacana y Nuevo Urecho”, indicó.
Señaló que a partir de esos actos de intimidación y violencia se plantea modificar el cómputo en dichos municipios, lo que no modifica los resultados que favorecen al morenista Ramírez Bedolla.
La resolución del TEPJF precisó que tampoco existen elementos respecto a la narrativa sobre el embarazo de urnas ni la participación de tres sindicatos para favorecer al que fuera el candidato de Morena.
Indicó que, del mismo modo, no se puede confirmar que las conferencias matutinas hayan influido en los comicios, ni que se haya hecho un uso indebido del programa nacional de vacunación.
Durante la sesión, el magistrado Felipe de la Mata planteó que se debe ordenar al Instituto Nacional Electoral (INE) la creación de una política electoral en la que, reconociendo la incidencia de grupos de la delincuencia, se establezcan protocolos concretos y que se celebren convenios de colaboración con las autoridades, propuesta que fue respaldada por los demás magistrados electorales, con excepción de Mónica Soto y José Luis Vargas.
La magistrada Janine Otálora estimó que ante la violencia que se identificó en los municipios de Michoacán se debe dejar claro que ésta “no tiene lugar en la democracia y planteó que es necesario que el gobierno, los partidos y la sociedad civil inicien el diálogo para ponerle fin.
El magistrado José Luis Vargas consideró que más que ordenarle al INE, debería de ser el Congreso el que establezca las facultades para salvaguardar la seguridad.
El magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez, precisó que la autoridad electoral debe advertir el riesgo de la violencia criminal en los procesos electivos y rechazó que sean omisos.
“No somos omisos ante esa realidad que se nos presenta, pero tampoco es posible llegar a medidas extremas de anular el sufragio de millones de ciudadanos”, indicó.
Dijo que se debe prevenir que este tipo de circunstancias se repitan en el futuro y blindar la democracia.
OFR
