Aunque en Oaxaca se castiga la trata de personas con hasta 15 años de prisión, el marco legal no ha hecho que el problema, que afecta particularmente a mujeres y niñas de la entidad, sea erradicado.
De 2016 a la fecha se han abierto 58 carpetas de investigación por este delito, seis de ellas durante el primer semestre de 2020, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El matrimonio infantil es otro desafío en Oaxaca. Si bien está prohibido en la ley local desde 2013, parece ser una actividad protegida por convenciones locales. El propio portal del gobierno del estado reconoce que “lamentablemente persiste la práctica cultural en nuestra entidad en un contexto de unión informal y consentimiento social”.
Actualmente, Oaxaca es uno de los siete estados del país que prohíben el matrimonio infantil, no obstante y según los resultados de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Enadid) esta entidad se encuentra entre las tres con mayor porcentaje de uniones forzadas que ocurren en nuestro México: 39.17 por ciento, hasta 2018.
Ambas prácticas, la trata de personas y los matrimonios forzados que implican a menores de edad volvieron al centro del debate después de que se aprobara una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca, que prohíbe la venta de comida chatarra a quienes tengan menos de 18 años.
Los opositores a esta disposición afirman que no se está legislando o trabajando en temas que, a su ver, merecen más atención, como los delitos que aún atacan la integridad de la infancia, en especial la de las niñas.
Este fin de semana, la diputada local Elisa Zepeda (Morena) presentó al Congreso local una iniciativa de reforma a esta misma ley, con la que se propone crear el Registro Estatal de Agresores Sexuales y Trata Cometidos Contra Menores de Edad en el estado, que deberá concentrar información precisa del inculpado: nombre, sobrenombre, seudónimo o apodo, domicilio actual, Clave Única del Registro de Población (CURP), filiación, señas particulares, entre otros datos, que servirán para ficharlos y advertir al público sobre el peligro que representan.
La propuesta de la diputada, la primera en su tipo, ya se turnó a la Comisión Permanente del Congreso oaxaqueño para su respectivo análisis legislativo y dictamen.
La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) tiene registro de 31 carpetas de investigación por comercio de personas abiertas en Oaxaca, desde el 1 de febrero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2019.
Además, el último Diagnóstico sobre la situación de Trata de Personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advierte que más de 30 por ciento de estos delitos, cometidos entre 2012 y 2017 en Oaxaca, tuvieron como víctimas a menores de edad.
Mientras las problemáticas se discuten, el gobernador Alejandro Murat sigue sin pronunciarse respecto a la ley antichatarra, que deberá promulgar a más tardar el 26 de agosto, cuando venzan los 15 días hábiles que tiene desde que se aprobó el proyecto, para emitir algún pronunciamiento o firmarla. Después de esto, se tendrán que sentar los lineamientos para la aplicación de dicha ley por la que, se espera, se emitan amparos del sector empresarial, que la rechaza.
Ya van cinco estados por replicar Ley Antichatarra
Diputados morenistas del Congreso de Colima ya le hicieron segunda a Tabasco, con una iniciativa de ley que replica la prohibición oaxaqueña en la venta de alimentos con alto contenido calórico a menores de edad.
“Hoy, a nombre de Morena, Blanca Livier y un servidor replicamos una iniciativa de la 4T para prohibir la venta de comida y bebidas chatarra, altas en grasas, sodio o azúcares, a menores de edad en Colima”, dio a conocer el diputado Vladimir Parra, el pasado 7 de agosto.
Así mismo, en el Estado de México diputados locales externaron su intención de emular la medida, por lo que para el próximo periodo ordinario de sesiones, que será en septiembre, podrían presentar un proyecto al respecto; lo mismo que en San Luis Potosí, donde el grupo parlamentario de Morena también se sumó a la propuesta.
