La posible extinción del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), como parte de los 109 fideicomisos que se eliminan del presupuesto federal, según se votó en la Cámara de Diputados, representa un doble golpe a familiares de las 2 mil 585 personas que siguen sin aparecer en Morelos, donde además colectivos denuncian inacción de la Fiscalía estatal.
De acuerdo con colectivos de búsqueda, la Fiscalía morelense tiene pendiente, la identificación de por lo menos 85 cuerpos hallados en la fosa clandestina de Jojutla, que en 2017 saltó al centro de la polémica por la complicidad entre viejos gobiernos y la delincuencia organizada para arrojar cuerpos de niños, hombres y mujeres sin una investigación.
La asociación Búsqueda de Familiares “Regresando a Casa Morelos” denunció que con la desaparición del FAARI habrá un retroceso en la reparación del daño y la justicia; además es un apoyo emergente con el que cuentan las familias para solventar gastos de traslado y de alimentación que les permitía continuar en la búsqueda de sus seres queridos.
Angélica Rodríguez, representante de esta organización, dijo a La Razón que ya pasaron mil 291 días desde la exhumación de los cadáveres de Jojutla y que el proceso está detenido por mera burocracia, pues las dependencias encargadas dicen que los funcionarios involucrados en este trabajo ya no son los mismos que en 2017, por lo que tendrá que reiniciarse.
“Está enramado en pura burocracia estúpida, después de haber gastado tantos recursos en material humano”, explicó.
A la par de la falta de identificación de cuerpos, Angélica denunció la saturación de los tres Servicios Médicos Forenses (Semefo), donde ya se acumulan 700 cuerpos, de los que 99 por ciento sigue en calidad de desconocidos.
Por separado, Wendy Ruiz, titular de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos del Estado, explicó en entrevista que se tiene registro de 2 mil 715 desaparecidos desde 1993, de los cuáles, mil 84 aún no han sido localizadas, mil 445 fueron hallados con vida y 104 sin vida.
En entrevista, Ruíz Ramírez destacó que una de las labores primordiales de la Comisión es hacer un análisis de contexto respecto a las desapariciones de dichas personas, sobre todo en los casos de quienes fueron hallados con vida; sin embargo, denunció que la Fiscalía del estado no les ha proporcionado la información que se requiere para este objetivo.
“Es muy importante porque esto nos ayuda a la prevención (de más casos desaparición forzada). Cuando tenemos algún registro de persona desaparecida solicitamos información a la Fiscalía a efecto de verificar cuáles fueron las circunstancias para conocer cómo fue la desaparición; sin embargo, hasta la fecha no nos las ha proporcionado, de hecho, tenemos un estatus de desconocidos de 85, ahí es donde se nos complica la labor”, aseveró.
Por otra parte, resaltó que dentro de la cifra de personas localizadas sin vida no se incluyen los datos de los cuerpos exhumados en fosas clandestinas, como en la de Jojutla de 2017, pues en dicho registro únicamente se contempla a las víctimas de delitos como homicidios.
También comentó que la Comisión también solicitó a la Fiscalía de Morelos datos de los cuerpos exhumados, pues resulta “preocupante” que a la fecha sólo se tenga identificación de 12 de los 84 cadáveres ubicados en la zona.
“Ése es un tema que a nosotros nos causa mucha preocupación, y también ya se solicitó a la Fiscalía que nos proporcione información respecto a las identificaciones de los cadáveres que fueron exhumados en Jojutla, porque solamente han sido identificados 12”, lamentó.
