Zacatecas, en donde el pasado fin de semana hubo un paro de policías para protestar por el maltrato de que son objeto y las malas condiciones en que desempeñan su labor, tiene una de las corporaciones de seguridad más insuficientes y desprotegidas del país.
De acuerdo con el último informe del Modelo Óptimo de la Función Policial (MOFP) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado tiene una tasa de 0.5 policías por cada mil habitantes, una cifra que está muy lejos del mínimo indispensable recomendado por la ONU, que es de 1.8 por cada mil habitantes.
Debido a la falta de protección por parte de las autoridades, en lo que va de este año han sido asesinados 15 policías, lo que significa que en menos de tres meses casi se alcanza la mitad del total de uniformados ejecutados durante el 2021, que fue de 36.
El maltrato y las malas condiciones en que desempeñan su labor llevó a los policías a realizar un paro de labores el pasado fin de semana para exigir la destitución de tres funcionarios de la Secretaría de Seguridad, a quienes acusaron de abuso de poder y hostigamiento, y de obligarlos a realizar acciones fuera de la ley.
Ahora tú eres gobernador y tu hermano el más chico es el alcalde del municipio más violento de Zacatecas, entonces no puedes llegar con ocurrencias a ver cómo abordas la problemática de la inseguridadJavier Oliva Posada, Experto en seguridad nacional
A las seis de la mañana del pasado sábado, los policías inconformes entregaron un pliego petitorio en la sede de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, mediante el cual solicitaban la destitución de los siguientes mandos: el subsecretario de Seguridad, José Aciano Medrano; el encargado de despacho de la Policía Estatal, Israel Reyes García; y la jefa de División de Fuerzas Estatales, Lizbeth Takahashi Castañeda, como principal exigencia para regresar a sus actividades.
Además, exigían uniformes, mejora de salarios, pago de seguros de vida de sus compañeros fallecidos en el cumplimiento de su deber, así como la actualización de la licencia colectiva de portación de armas.
Debido a que este permiso está vencido desde hace seis meses, los uniformados no pueden hacer uso de sus armas cuando están de descanso, lo que los deja vulnerables ante eventuales venganzas de los criminales.
Al paro de labores realizado principalmente en la capital, y que duró más de 30 horas, se sumaron agentes de las seis Unidades Regionales de Seguridad Pública, ubicadas en los municipios de Trancoso, Villa de Cos, Sombrerete, Río Grande, Villanueva y Fresnillo.
En la jornada de protesta también participaron familiares de los policías que han sido asesinados, quienes acusaron que las autoridades no les han proporcionado ningún tipo de apoyo tras la muerte de sus familiares.
El paro terminó cuando las autoridades cedieron a las demandas y los tres mandos señalados fueron despedidos, aunque las precarias e inseguras condiciones en que los policías desempeñan su labor prevalecen.
Al respecto, el especialista en seguridad nacional, Javier Oliva Posada, dijo a La Razón que el problema que enfrenta Zacatecas se debe a las ocurrencias y la improvisación del nuevo gobierno de David Monreal, que basa su estrategia en “encomendarnos a Dios”.
“Las declaraciones (del gobernador) están totalmente fuera de lugar; su política de seguridad es: hay que encomendarnos a Dios; me puedes explicar cómo si tu hermano fue gobernador…ahora tú eres gobernador y tu hermano el más chico es el alcalde del municipio más violento de Zacatecas, entonces no puedes llegar con ocurrencias a ver cómo abordas la problemática de la inseguridad”, aseveró.
Oliva Posada agregó que es importante capacitar a los policías con valores y darles armamento suficiente para que tengan la certeza de que estarán protegidos durante su labor y lograr que de esta forma la seguridad del estado mejore.
“Es importante la capacitación que tengan estos elementos, porque de lo contrario, nunca podrán hacer frente a las organizaciones criminales”, remarcó.
- El dato: Tras la jornada de protesta fueron destituidos tres mandos a quienes los uniformados acusaban de malos tratos, hostigamiento y presiones para violar la ley.
