El procurador General de la República, Arturo Chávez, informó que se han instalado en las entidades del país Unidades Especializadas de Combate al Secuestro, aunque no todas operan de manera “óptima” y sólo 28 tienen instalaciones permanentes.
En la XXIX sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) puntualizó que el Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé un plan nacional e integral contra ese acto ilícito, sustentada en dichas unidades.
El funcionario mencionó que esas instancias deben estar dotadas de apoyo informático y tecnológico adecuado, y sustentarse en un marco normativo uniforme.
Ante el presidente Felipe Calderón y gobernadores de los estados del país, indicó que esas unidades prevén la aplicación de medidas para evitar la operación de secuestros desde centros penitenciarios, así como la reclusión de quienes los practican en penales de alta seguridad.
Chávez Chávez abundó que se ha evaluado a dos mil 558 aspirantes a integrar esas oficinas, de los que mil 137 resultaron aptos, y se capacitó a 960 servidores públicos, lo que representa casi 85 por ciento del personal que se integró a ellas.
En el salón Tesorería de Palacio Nacional, explicó que 27 unidades cuentan con acceso al módulo de secuestros de Plataforma México y están en proceso las correspondientes a las cinco entidades restantes.
De manera adicional se elaboró un Protocolo para la Atención a Víctimas de Secuestro que ya se aplica en los Centros de Atención de la PGR, a fin de proporcionar apoyo psicológico, asesoría jurídica y servicios médicos a quienes han vivido esa experiencia.
En cuanto al combate al narcomenudeo el funcionario informó que la Comisión Interinstitucional en Procuración y Administración de Justicia generó un proyecto de plan general de acción para la instrumentación de las reformas en la materia.
Comentó que además el fuero común trabaja en las modificaciones a las legislaciones secundarias, en cumplimiento de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación que precisa que las entidades federativas tienen competencia plena para investigar, perseguir y sancionar ese delito.
vms