El Consejero de la Judicatura Federal, César Esquinca Muñoa, considera que la
videograbación de las audiencias judiciales podría causar más daño que beneficio
La videograbación de las audiencias judiciales podría causar “más daño que beneficio” en los procesos judiciales, consideró el Consejero de la Judicatura Federal, César Esquinca Muñoa.
Y es que dijo que dichas grabaciones podría no ser utilizadas en forma adecuada, ya que las imágenes pueden ser editadas o sacadas de contexto con fines específicos para quien lo hace.
“Por cierto, no me refiero en este caso a ese tema, sino al por qué esas determinaciones, porque sabemos que no siempre esas grabaciones son utilizadas en forma adecuada, sabemos que muchas veces son editadas, sabemos que muchas veces sacan de contexto algunos pasajes y eso puede causar más daño que beneficio”, dijo.
Sobre la pertinencia de que los productores del documental Presunto Culpable sean autorizados para grabar las audiencias donde se resolverán los amparos que buscan frenar la proyección del documental, dijo que esa decisión deberá tomarlas las Jueces de las causas Blanca Lobo Rodríguez y Mónica Soto Bueno.
“Las audiencias son públicas por disposición de la Ley. ¿Qué interpretación le damos aunque sea pública? Yo creo que tenemos que respetar la determinación que tome el Juez.
“La audiencia será siempre pública y no deja de serlo por el hecho de que no existan cámaras, ya la Juez determinará si permite o no el acceso de las cámaras. No podríamos nosotros pronunciarnos en este sentido”, dijo el Consejero.
Destacó que esa decisión es personal de la juez y debe respetarse la autonomía e independencia de los jueces.
Se refirió a casos como en la justicia estadounidense, las audiencias son públicas, sin embargo no se permite la grabación de las audiencias, más que en casos excepcionales. La mayoría de ellas son ilustradas por caricaturistas.
Será este viernes cuando las Jueces Décimo y Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal resuelvan en torno a los amparos 147/2011 y 171/2011 promovidos por familiares de Juan Carlos Reyes Pacheco, cuyo crimen sirvió de base para la realización de Presunto Culpable.
En ambos casos los quejosos alegaron no haber dado su autorización para ser filmados y exhibidos en la película, por lo que pidieron que la Secretaría de Gobernación retire los permisos que otorgó para exhibir la cinta en cines.