Foto: Cuartoscuro
México.- Diputados locales y federales denunciaron la "criminalización" de la pobreza al procesar a personas con deudas por el servicio de energía eléctrica, casos que ya presentaron ante el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Los legisladores dieron a conocer que existen más de 30 casos en el país de personas que fueron procesadas y encarceladas por no pagar su recibo de luz, a pesar de que se presume que eran cobros excesivos, fuera del consumo promedio de cualquier usuario.
En el marco del foro Experiencias ambientales, la diputada federal Aleida Alavez y el legislador local, Alejandro Ojeda, indicaron que presentaron estos casos documentados ante el funcionario federal, "quien expresó su sorpresa al conocer estos hechos".
Subrayaron que la energía no se debería ver como un servicio, sino como un derecho humano, y consideraron que se vislumbra una reforma de energía eléctrica que la contempla como "mera mercancía".
En este sentido, Alejandro Ojeda lamentó que uno de cada siete mexicanos carezca de satisfactores básicos para cubrir sus requerimientos energéticos mínimos, a pesar de que la energía eléctrica es necesaria para todas las actividades de la vida moderna.
Por ello, subrayó que es necesario impulsar una tarifa social de acuerdo con el grado de marginación de los sectores de la población, y que se reconozca el servicio como un derecho humano.
Por su parte durante la inauguración del evento, la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) insistió en que se debe abandonar la política de ver la energía eléctrica como una mercancía, en la que sólo podrán tener acceso al servicio quienes puedan pagar las altas tarifas.
A su vez el investigador del Instituto de Energías Renovables, Manuel Martínez Fernández, opinó que una reforma energética en el marco del Pacto por México está encaminada a producir petróleo crudo y permitir la inversión extranjera directa.
Agregó que permitir la participación extranjera privada no representa un riesgo, siempre que se logren establecer convenios públicos y privados, desde una perspectiva clara de soberanía nacional.
