Foto: Twitter
México.- Javier Santiago Castillo tras tomar posesión de sus nuevas oficinas, consideró que el cumplimiento del mandato del Constituyente depende también de que los consejeros “nos plantemos, mantengamos firmemente nuestra atribución”, y “estoy convencido de que la vamos a tener”.
Santiago Castillo también hizo votos porque las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión alcancen los acuerdos necesarios que aprobar las leyes secundarias, a fin de que el INE pueda organizar de manera clara y transparente los comicios de 2015.
Recordó que de no alcanzarse los consensos, el Instituto Nacional Electoral (INE) podrá aplicar las actual legislación local, tal y como quedó establecido en el transitorio constitucional de la reforma aprobada el 10 de febrero pasado.
“Es verdad de que está pendiente la normatividad secundaria, pero un transitorio constitucional establece con toda claridad que en caso de que, hasta en el caso de que no hubiera leyes secundarias siguen vigentes la legislación que en este momento está. La legislación que estuvo vigente para el Instituto Federal Electoral (IFE) sigue vigente para el INE”, advirtió.
El consejero electoral, quien fungió como presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) de 1999 a 2006, recordó que cuando encabezó ese órgano capitalino tampoco había claridad en las leyes en la materia.
Lo cierto, dijo, es que “esta circunstancia yo sé que se va a resolver y, obviamente espero que tengamos la normatividad (secundaria) que no lleguemos al extremo que establece el transitorio constitucional, que tengamos plenamente la normatividad y (en el INE) podamos marchar”.
Para el consejero los legisladores deberán establecer también en la ley secundaria la creación de “un sistema nacional” de fiscalización, de lo contario, tendría un alto costo para el erario público.
Esto es, agregó, “en fiscalización, la reforma constitucional habla de crear un sistema nacional de fiscalización (…) pasa por la elaboración de normas generales para fiscalizar”.
Se trata de que los procedimientos de fiscalización que Campeche o Coahuila utilicen sean los mismos que el INE; “que las reglas de fiscalización sean las mismas, eso es lo relevante”, puntualizó.
