La falta de la firma de un agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR) propició la revocación de la sentencia de 31 años de prisión contra Javier Noroña Guerrero, La Rana, secuestrador del menor Fernando Martí Haik.
“Las víctimas padecemos por decisiones absurdas de magistrados insensibles. Esperamos años las sentencias y de repente, todo vuelve a empezar”, aseguró Alejandro Martí, padre del menor.
Fue la magistrada Olga Estrever Escamilla, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Distrito Federal, quien invalidó la sentencia a Noroña Guerrero y regresó el expediente a un juez de Nayarit para que dicte una nueva sentencia.
La juez que resolverá el caso no está obligada a ratificar la sentencia de 31 años de prisión que se le impuso originalmente a La Rana y, en un caso extremo, podría exonerar a este delincuente y ordenar su inminente libertad.
“¿Qué certeza tenemos las víctimas, que quienes están en prisión por lastimar a nuestra familia no saldrán por la falta de una firma o cuestiones similares?”, cuestionó Alejandro Martí.
Acusó que este tipo de acciones, “que son cuestiones de forma”, entorpecen el acceso a la justicia y sirven de pretexto para solapar a secuestradores y asesinos.
“Otra vez más podemos ver cómo se puede entorpecer la justicia en México por cuestiones de forma, tan simples como una firma”, insistió el empresario.
La Rana, es un hombre de 62 años, 21 de los cuales laboró como agente federal de la PGR. Fue detenido en 2010 y se le acusó de ser uno de los integrantes de la banda de secuestradores Los Petriciolet.
Dicho grupo criminal, aseguró la PGR en su boletín 1447 de 2009, está vinculado con múltiples secuestros, como el de la actriz Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi, y del menor Martí Haik, ocurrido el 4 de junio de 2008 en un falso retén de la AFI, frente al Estadio Olímpico México 68, en Ciudad Universitaria.
Investigaciones revelaron que La Rana se unió a Los Petriciolet en 2007, por invitación de José Antonio Jiménez Cuevas, El Niño, por lo que meses antes de su captura decidió retirarse voluntariamente de la Procuraduría General de la República.
Su labor dentro del grupo de plagiarios era proporcionar seguridad durante el cobro de dinero por el rescate de sus víctimas, principalmente empresarios o hijos de éstos, pues se le consideraba experto en el manejo de tácticas policiales.
A través del oficio SIEDO/UEIS/20108/2010, la PGR solicitó su presentación, por lo que la Policía Federal detuvo a la Rana el 23 de septiembre de 2010 en Tepepan, en la delegación Xochimilco, lugar en donde tenía su centro de operaciones.
Este sujeto fue consignado ante un juez Penal de Nayarit como presunto responsable de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio del menor Fernando Martí.
Javier Noroña Guerrero rindió su declaración preparatoria en presencia del juez, el secretario de acuerdos del juzgado, su abogado defensor y el agente del Ministerio Público de la Federación.
A este último “se le olvidó” firmar la constancia de dicha declaración preparatoria, elemento que fue utilizado por la defensa de La Rana para impugnar la sentencia de 31 años de prisión que le fijó la juez y con ello logró que la magistrada Olga Estrever Escamilla revocara la sentencia.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, aseguró que el Poder Judicial está siendo muy “quisquilloso” y “rigorista” al “tirar” una condena de 31 años, anulando todas las pruebas que están vigentes, por la falta de una firma.
“Favorece a los imputados y deja con las manos vacías a las víctimas, porque si bien es cierto que hizo falta una firma en la declaración preparatoria, hay videos de la audiencia donde se puede ver que el Ministerio Público que no firmó sí estuvo presente, y lo que debió hacer la magistrada es subsanar la formalidad llamando al Ministerio Público a ratificar que sí estuvo en la audiencia”, dijo.
Explicó que no se trata de una situación propia de la magistrada Olga Estrever Escamilla, a la cual calificó como una persona honesta y con una gran trayectoria, sino del Poder Judicial que mediante acuerdos obliga a los jueces a ser “muy formalista” y con ello se llega a perder la esencia de la Constitución que obliga a proteger a la víctima y castigar al culpable.
