RAÚL ABRAHAM CASTRO CORONA
Tinta ITAM
Una constitución es razón hecha letra, cimiento de dignidad humana y bóveda de libertades. Nadie por encima de la Ley, todo a partir de ella. Es herencia de batallas ideológicas y promesa de destino justo. Inconclusa y cambiante, la ley es producto de su época. Es armadura individual para enfrentar a la tiránica mayoría o espada para someter el poder descomunal de un gobierno leviatán. Dividido, el poder será ineficiente; pero sólo así daña menos. Es criterio que impera sobre lo ambiguo. La Ley es medio y es fin.
Atenta contra nuestro intelecto quien reduzca la designación de dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un mero trámite. Para consolidar una democracia constitucional se requiere hacer visibles las contradicciones de la ley, promover su coherencia y hacer respetar sus principios. Aquí es donde los ministros de la Suprema Corte cobran relevancia para la vida política nacional: su ideología y rigidez impregnan las discusiones que sientan precedentes y resuelven controversias. Se esperaría una preparación integral y experiencia jurídica vasta por parte de los magistrados, pero es la lealtad y utilidad política lo prevalece en los nombramientos de este sexenio. Así lo demuestra la designación del más reciente ministro, Eduardo Medina Mora, así como las propuestas de ternas para sustituir a los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.
Al poder ejecutivo no le interesa preservar la ingeniería política de la división de poderes; todo lo contrario: busca colocar a aquél que distinga claramente aliados y no robe protagonismo al gobierno federal. Ellos favorecen la operatividad y eficiencia en la Corte. Allí donde corresponde la imparcialidad y justicia, el poder legislativo busca colocar afinidad de discurso; ideología. Pero al igual que en muchos debates de la tribuna parlamentaria, se prescinde del sustento en la argumentación; la forma sin fondo. Las comparecencias de candidatos de esta semana dejan entrever lugares comunes, respuestas genéricas para temas políticamente sensibles, incapacidad para asumir posturas y rodeos a preguntas concretas. La retórica sofista del legislativo —esa que gana votos y construye mayorías — no debe, tampoco, adoptarse en la Corte.
El ejecutivo y legislativo quieren magistrados a su imagen y semejanza pero los vicios de estos poderes serían inaceptables para quien salvaguarda la Ley. El ministro de la Corte no negocia con la Constitución; la defiende y hace respetar. Ni eficiencia ni retórica; sólo Ley. Si el mito fantástico del mérito debiera regir en algún espacio de la sociedad, éste sería el Poder Judicial. Es abismal la diferencia entre la letra escrita y la realidad social de México, pero el protagonismo de los ministros no debe apelar a la popularidad política sino a la salvaguarda de derechos y garantías de todos los mexicanos. A pesar del mecanismo de nombramiento, solo si se mantienen los contrapesos entre la Suprema Corte y los demás poderes al elegir las ternas, se podrá evitar que los vicios de cada poder contagien a los demás.
@RaulAbCastro
raul.castro@itam.mx
