Fue en 1909 cuando ocurrió el primer caso de desafuero en el país. El entonces diputado José López Portillo y Rojas, abuelo del presidente José López Portillo (1976-1982), fue acusado de fraude y perdió su protección constitucional para pasar a ser juzgado.
En México son apenas 8 los casos de desafuero que se han presentado hasta la fecha y este 13 de junio podría sumarse uno más con la diputada local, Lucero Sánchez, acusada de tener nexos con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.
El fuero es una figura de protección con la que cuentan los políticos, para no ser juzgados, o procesados penalmente y que está establecida en la Constitución.
“El fuero surge como una medida de protección para que los legisladores puedan expresarse libremente sin miedo a una sanción por algún comentario vertido.
Es una figura que está prácticamente en todos los sistemas jurídicos modernos”, explicó Fernando Serrano Migallón, maestro en derecho constitucional mexicano.
Abundó que el origen de esta figura es para que los políticos se expresen con libertad sin temor a ser sancionados; sin embargo, dicho recurso es mal visto en la actualidad porque se ha abusado de su uso.
La crítica no está de más cuando se observa que en el país sólo a 8 políticos les quitaron esta protección. La cifra es mínima cuando se compara con las 327 solicitudes de juicio político que actualmente existen y que el Diario La Razón dio a conocer hace unas semanas.
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Hay rezago de 13 años en pedidos de juicio político
De acuerdo con Migallón, el juicio político es un mecanismo para perseguir a aquellos funcionarios de los que se sospecha que cometieron ilícitos en su gestión, mientras que el desafuero significa quitar esa protección constitucional para poderlos juzgar penalmente.
El primer caso de desafuero fue en 1909 con López Portillo y Rojas, quien también se desempeñaba como periodista. Existen dos versiones. En la primera lo acusan de cometer fraude; pero, en otra lo señalan por haber hecho uso del papel de los medios y manifestar libremente su apoyo hacia el general Bernardo Reyes, a quien propuso como vicepresidente de México. El gobierno de aquellos años no toleró esa conducta y fue a dar a prisión por cinco meses, refiere Armando Ayala Anguiano en el libro La epopeya de México.
Otro proceso de desafuero ocurrió un 14 de diciembre de 1935. Al senador Manuel Riva Palacio le quitaron su protección constitucional por conspirar contra las autoridades (entonces en la presidencia Lázaro Cárdenas), según narra Luis Javier Garrido en el libro El Partido de la Revolución Institucionalizada.
Para 1945, los diputados Carlos Madrazo, Sacramento Joffre y Pedro Téllez Vargas, fueron acusados de traficar con tarjetas para la contratación de braceros en Estados Unidos.
En 1947, el senador Félix Ireta Viveros fue desaforado al ser acusado de falsificación de documentos; no obstante, se comprobó su inocencia y regresó a sus funciones como legislador en 1951.
Al senador Jorge Díaz Serrano le quitaron también el fuero en 1983 tras ser señalado de fraude por un monto de 5 mil 100 millones de pesos. Juzgaron el sobreprecio de dos barcos buque que compró cuando era director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Otro caso de corrupción se reveló en 2004, cuando se filtró un video donde se observa a René Bejarano Martínez, entonces diputado local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada. Aun cuando lo juzgaron, Bejarano salió libre al pagar una fianza por 175 mil pesos.
En 2005, Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno capitalino, fue acusado de violar una orden judicial, donde se establecía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno expropiado años atrás.
El último caso de desafuero en México fue en 2010. Julio César Godoy Toscano, quien aún no rendía protesta como diputado federal, fue señalado por sus nexos con el crimen organizado, en específico con la Familia Michoacana. Cuando le quitaron la protección constitucional, desapareció. Actualmente es prófugo de la justicia.
Este 13 de junio podría sumarse un proceso más con la diputada local, por Sinaloa, Lucero Sánchez. Es investigada por los delitos de falsificación de documentos y su relación con el crimen organizado, luego de que se revelara que había visitado en el penal del Altiplano a Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
Por esta razón, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó una solicitud de desafuero contra Lucero Sánchez ante la Cámara de Diputados. La Sección Instructora de San Lázaro, encargada de analizar el proceso, votó por unanimidad retirarle el fuero en mayo pasado. El dictamen fue entregado a la Mesa Directiva para que su presidente, Jesús Zambrano, solicite a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocar a un periodo extraordinario en San Lázaro.
Será el próximo lunes 13 de junio cuando los 500 diputados voten el dictamen. Ese mismo día, Lucero Sánchez podrá hacer uso de la palabra en el Pleno para defenderse.
En el caso de que se vote en sentido positivo, de quitarle el fuero, la legisladora podrá ser juzgada y, en su caso, presentada ante el Ministerio Público.
