El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3 de 3.
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Dichas precisiones de la llamada ley 3 de 3 se concentran principalmente en el artículo 32, incisos “B” y “C”, con el fin de exentar a los empresarios de la obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses cuando firmen contratos de obras y servicios o reciban dinero público.
El Poder Ejecutivo argumentó que la obligación a los empresarios de presentar las declaraciones pone en peligro otros derechos, como a la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal.
