Más de 30 millones de pesos del fondo de víctimas se usaron para indemnizar a familiares de los 22 presuntos delincuentes del caso Tlatlaya, quienes, según testimonios de sus propios testigos, eran secuestradores y tenían armas largas y cortas con las que dispararon a los ocho elementos del Ejército.
De hecho, los militares involucrados ya fueron absueltos en tribunales militares y civiles de los delitos de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigios de hechos delictivos, que se les intentó fincar por haber abatido a los sujetos que les dispararon.
De acuerdo con información obtenida vía transparencia, hasta el 3 de noviembre de 2015 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) había destinado 18 millones 304 mil 771 pesos con 11 centavos , “con cargo al patrimonio del Fondo de Ayuda, Asistencia y reparación Integral” a un total de “31 víctimas” del caso, sobre las cuales no menciona los nombres por estar protegidas por la Ley General de Víctimas.
Sin embargo, la cifra aumentó: en julio de este 2016, el entonces titular del CEAV, Jaime Rochín, informó que los familiares de los presuntos delincuentes de Tlatlaya ya habían recibido 30 millones de pesos, toda vez que “el proceso de reparación se hizo en virtud de una recomendación por violación a derechos humanos, que por cierto fue aceptada por todas las autoridades, y por eso la comisión comenzó un proceso de atención y reparación”.
El trato de víctimas que se dio a los presuntos delincuentes contrasta con lo asentado en documentos oficiales.
Cinthia Estefany Nava López, Patricia Morales Campos y Clara Gómez, las tres mujeres que primero se dijeron secuestradas y luego se supo estaban con los presuntos delincuentes, declararon en contra de los militares, pero admitieron que aquel 30 de junio de 2014 sus compañeros eran secuestradores, estaban armados y dispararon a los soldados.
“También les daba de comer a las personas que tenían secuestradas, desconociendo lo que hayan hecho con ellas, debido a que cuando yo me fui de ese lugar todavía estaban vivos, recordando que dentro de los secuestrados estaba una persona que en una ocasión que le di de comer me dijo que era diputado, pero tampoco supe qué fue lo que pasó con él”, confesó una de ellas ante la PGR.
Otra de ellas dijo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): “Adentro de la bodega había alrededor de 25 personas, todos los hombres armados con armas cortas y largas, quienes bebían, se drogaban y escuchaban música, alumbrándose únicamente con los celulares. En ese lugar de la bodega se quedó dormida, junto con (víctima 25) y los otros dos jóvenes secuestrados, refiriendo que todos estaban dormidos, por lo que no había ruido, ni luz.
“De pronto, se despertó al escuchar balazos en la lámina de la bodega, y alguien desde adentro gritó: ‘¡Nos cayeron los contras!’, también se escuchó: ‘¡Ejército mexicano, ríndanse!’, Posteriormente, comenzaron a disparar los hombres que se encontraban al interior de la bodega”.
En la página 45 del informe de la CNDH se lee: “Se observa que las tres (testigos) ubican dentro de la bodega a un grupo de al menos 25 personas, en donde había menores de edad, incluyendo a (víctima 7). La mayoría de las personas al interior de la bodega portaban armas cortas y largas, en la bodega –incluso (víctima 23) observa la presencia de granadas”.
También indica: “Hubo intercambio de disparos, y que un grupo de personas al interior comenzó a disparar hacía afuera, oscilando este entre las 8 y 13 personas, pero que también se recibían impactos por parte del Ejército. De los testimonios antes referidos se deriva que el enfrentamiento se prolongó alrededor de 10 minutos, ya que los hombres se rindieron, quedando algunos heridos”.
La Sedena reportó que en el enfrentamiento ocurrido en Tlatlaya se decomisaron a los presuntos sicarios 38 armas: 16 fusiles Ak-47, seis AR-15, un fusil Calico, dos escopetas, 13 pistolas y 112 cartuchos útiles de diversos calibres.
Todos esos indicios apuntaban a la inocencia de los ocho militares procesados, quienes entre marzo y mayo de este año obtuvieron su libertad al no encontrarse elementos en su contra, lo que significa que las acusaciones de que son violadores de derechos humanos sólo se sostuvieron para que los activistas que acompañaron a las familias de los presuntos sicarios obtuvieran las indemnizaciones.
Castigar delitos fortalece al Estado: CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que el Estado de derecho sólo se fortalecerá cuando se sancione a quienes cometan conductas delictivas.
“Cuando veamos que se sanciona a quien comete conductas delictivas estaremos viendo precisamente que estamos fortaleciendo el Estado de derecho. Hoy tenemos un Estado de derecho débil. “, dijo el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
“Se debe generar que podamos tener certeza jurídica, que cualquier conducta ilícita sea sancionada”, refirió previo a su participación en un foro.
Aseguró que la única oportunidad que tenemos como medida efectiva para revertir el estado actual en materia de seguridad “es que no haya impunidad”, por lo que urgió a las autoridades judiciales a “avanzar en el tema de seguridad en el país, para generar en los mexicanos condiciones de tranquilidad y paz”.
Alberto González
Arsenal
La Sedena reportó que en el enfrentamiento se decomisaron:
16 fusiles Ak-47 6 fusiles AR-15 1 fusil Calico 2 escopetas 13 pistolas 112 cartuchos útiles de diversos calibres
