Durante su gestión al frente de la delegación Miguel Hidalgo entre 2013 y 2015, Víctor Hugo Romo dejó un faltante de más de 24 millones de pesos por obras en la remodelación del edificio delegacional sin que hasta el momento se conozca el destino de los recursos.
De acuerdo con documentos oficiales de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en poder de La Razón, en 2014 el entonces delegado licitó la obra en dos etapas con la empresa Phomsa Construcciones S.A. de C. V., por un monto de 120 millones de pesos, según el catálogo autorizado en las Licitaciones Públicas Nacionales.
Sin embargo, Romo Guerra estimó que la superficie a impactar sería de 36 mil 200 metros cúbicos (en una primera etapa) cuando lo que realmente se necesitaría intervenir eran solamente tres mil 200 metros cúbicos, lo que representa un mil 131 por ciento de excedente; incluso, se permitió la construcción de un muro perimetral que al final no se realizó.
Informes de la actual delegada Xóchitl Gálvez aseguran que existieron dos contratos simultáneos, uno para excavar y otro para cimentar, pero en los archivos no existen dichos contratos originales, sólo copias sin certificar lo que aumenta la irregularidad.
En la segunda etapa, se logró comprobar que se realizaron obras de cimentación, cisternas y excavaciones, pero en el catálogo autorizado en las Licitaciones Públicas Nacionales se explica que en dicho momento sólo se debieron hacer trabajos de suministro y colocación de la estructura metálica, lámina galvanizada para el entrepiso y suministro de concreto.
A raíz de dichas irregularidades, la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizó una auditoría entre julio y agosto de 2015 a fin de que el entonces titular de la demarcación presentara la documentación que acreditara el contrato y los cambios; sin embargo, Romo sólo remitió a la Secretaría el Dictamen Técnico al contrato, en copias simples y sin validez alguna.
El 22 de mayo del 2017, la SFP informó que los documentos no eran válidos y comunicó a la delegación Miguel Hidalgo que tenía que devolver los 24 millones 378 mil pesos más los intereses generados al no existir documentación oficial.
Por esta razón, la actual jefa delegacional, Xóchitl Gálvez, heredó la deuda que considera impagable porque no existen recursos en las arcas para cubrir las irregularidades, además de que se desconoce el destino de esos recursos que el propio Romo no ha logrado explicar.
Al respecto, Margarita Martínez Fisher, diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN) comentó a La Razón que desde el inicio de la actual administración ha hecho lo posible por denunciar al exdelegado y consideró que la remodelación del edificio fue un gasto inútil, que no necesitaba hacerse.
“La obra del edificio delegacional fue un gasto totalmente inútil, no le genera ningún valor a la ciudadanía de Miguel Hidalgo, fue un gasto que se debió evitar, pero finalmente se llevó a cabo con recursos federales, pero es una obra plagada de irregularidades.”
Indicó que la administración de Romo ha sido una de las peores en la historia de la Miguel Hidalgo por el exceso de irregularidades por obras que pesan en su contra.
