La Procuraduría General de la República informó los avances y acciones que ha emprendido en torno a las acusaciones de presunto lavado de dinero por 54 millones de pesos que involucran al empresario Manuel Barreiro y el candidato del Frente a la presidencia, Ricardo Anaya.
La dependencia explicó que luego de recibir el pasado 26 de octubre de 2017 una denuncia sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita, inició una carpeta de investigación y emprendió varias tareas.
Detalló que tramitó solicitudes de alertas migratorias a nivel mundial, cateó diversos inmuebles; aseguró cuentas bancarias, inspeccionó inmuebles y citó a declarar a varias personas.
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"Dos de las personas citadas solicitaron se les aplique alguna de las figuras jurídicas nuevas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual se encuentra bajo análisis del Ministerio Público de la Federación", indicó la dependencia en un comunicado.
Aclaró que la indagatoria busca determinar hechos constitutivos de ilegalidad y no está dirigida en contra de personajes.
Además subrayó que se trata de una de sus facultades constitucionales, ajena a las elecciones o actividades partidistas.
"La investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada se conduce salvaguardando el sigilo de la misma en concordancia con el principio de la estricta reserva de la investigación.
"En términos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y conforme con las facultades del Ministerio Público de la Federación, las investigaciones se conducen, entre otros propósitos, para el esclarecimiento de los hechos no en contra de personas. Una vez concluida la investigación, se hará la determinación de los probables imputados y se presentarán ante la autoridad judicial correspondiente", aseveró.