El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) refrendaron su acompañamiento a las más de 30 organizaciones que integran el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México y destacaron que acompañan las iniciativas de la sociedad civil para la defensa de la integridad de las mujeres.
La presidenta del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis, y el presidente del INE, Lorenzo Córdova, se sumaron a la campaña #AltoALaViolenciaPolitica en contra de la violencia que se ha presentado en el proceso electoral en curso, y coincidieron en que las instituciones electorales se suman al rechazo y a la condena por esos sucesos.
En el marco de la inauguración de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de Trabajo del Observatorio, la magistrada presidenta del TEPJF destacó que el ejercicio de los derechos político-electorales no debe y no puede tener como costo la integridad, la seguridad ni la tranquilidad de nadie.
Dijo que la violencia es un problema estructural que de ningún modo puede resolverse desde un enfoque exclusivamente penal.
Sin embargo, explicó lo que los órganos jurisdiccionales pueden aportar a la erradicación de violencia a partir de tres enfoques.
Primero, con actuación de “un Tribunal Electoral sólido, que se sostenga a partir de sus criterios y de la congruencia”.
Segundo, agregó, el enfoque de género.
“En nuestras resoluciones (debemos) operar reparaciones transformadoras que se hagan cargo, en la medida de lo posible, de las cuestiones estructurales que generan la violencia, más allá del caso concreto”.
Así, apuntó, “se hace necesario el reproche jurídico a quienes cometen actos de violencia y el establecimiento de acciones efectivas para atenderlos, más allá de la respuesta que hasta ahora ha dado el derecho electoral”.
Y, en tercer lugar, tenemos que “mirar los asuntos que se someten a nuestra consideración con un enfoque integral y hacernos cargo de las repercusiones que tienen nuestras decisiones, tanto a nivel individual, como sería el empoderamiento de las víctimas y dignificar a las comunidades implicadas, pero tienen también un impacto social, fortalecer la legitimidad y la credibilidad de las instituciones y la confianza en los comicios que esa es nuestra responsabilidad”.
“La violencia merma el ejercicio de los derechos, debilita el Estado, lesiona la credibilidad de las instituciones y genera un ambiente adverso para el Proceso Electoral”, señaló.
Por ello, añadió Otálora Malassis, la aspiración de todo quehacer gubernamental debe ser la prevención de cualquier tipo de violación a los derechos humanos.
La magistrada presidenta agregó que la violencia no puede determinar, de ningún modo, un proceso electoral y el Estado debe garantizar que quien use la violencia asuma las consecuencias jurídicas que correspondan.
En ese sentido, sostuvo, las autoridades electorales deben hacerse cargo de su labor de aportar sus esfuerzos en contra de la violencia y garantizar que los comicios del primero de julio se lleven a cabo en orden y en paz.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, reprobó de manera absoluta los asesinatos ocurridos en contra de mujeres y hombres, de candidatas y candidatos que aspiraban a puestos de elección popular.
Consideró inadmisible que se estén presentando casos de violencia que incurren en el buen desarrollo del proceso electoral, caracterizado por una vigorosa participación ciudadana, aunque dicha violencia no ha tenido, como principal objetivo, obstaculizar la organización de las elecciones.
Ante representantes de más de 30 organizaciones y colectivos de mujeres y de los nueve partidos políticos nacionales, el consejero presidente del INE informó que de diciembre de 2017 a la fecha se han registrado 19 asesinatos,13 hombres y seis mujeres precandidatos y candidatos.
“Una sola muerte es suficiente para indignarse y ser rechazada, una sola muerte empaña el buen desarrollo de unas elecciones. Todas esas muertes, sean de mujeres u hombres son absolutamente reprobables y lamentables”, dijo Córdova Vianello, y agregó que deben considerarse “una erosión de nuestra convivencia en clave democrática en tanto que la democracia misma supone la negación de la violencia”.
Desde el INE, puntualizó, hacemos un llamado a las y los mexicanos a asumir con responsabilidad que todas y todos tenemos que preservar nuestras libertades y establecer condiciones para el ejercicio de nuestros derechos político-electorales en condiciones de tranquilidad y paz.
La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso hizo un pronunciamiento de rechazo a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, “a la violencia en general, a la violencia política y a la violencia política en razón de género que estamos lamentablemente viviendo en este proceso electoral”.
La violencia política, añadió, se ejerce contra las mujeres en la vida política y ha llegado hoy a su expresión más extrema en la muerte de candidatas, de candidatos, de aspirantes a participar en el libre ejercicio de sus derechos político-electorales.
Durante la inauguración de la Décima Primera Sesión de Trabajo del Observatorio de Participación de las Mujeres en México, las autoridades electorales reiteraron su compromiso con la lucha por la igualdad de género y en contra de violencia política, y aseguraron que, desde sus respectivos ámbitos de competencia, redoblarán los esfuerzos para lograr que estas elecciones se celebren en condiciones de paz y tranquilidad.
fgr