El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su intento de evitar el cumplimiento de una sentencia que le obliga a crear una comisión de la verdad para volver a investigar la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014, uno de los crímenes de mayor impacto dentro y fuera del país durante la actual administración.
Según la lista de acuerdos publicada el martes por el Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del máximo tribunal atrajo los recursos de revisión extraordinarios interpuestos por varias instancias oficiales sobre el “caso Ayotzinapa”, el nombre del municipio de Guerrero donde se ubica la escuela Normal donde estudiaban los jóvenes y ahora será la primera sala de la SCJN quien deba pronunciarse sobre el tema.
[caption id="attachment_772252" align="aligncenter" width="512"] Artistas plásticos se unieron para pintar en abril de 2018 un mural colectivo en los cruces de las Avenidas de Yucatán e Insurgentes. Foto: Cuartoscuro[/caption]
El 4 de junio, un tribunal colegiado amparó a cuatro personas acusadas de los crímenes de 2014 por presumir que las confesiones e imputaciones en su contra “fueron obtenidas mediante tortura”, y determinó que la investigación del caso “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República”.
Por eso, no solo ordenó rehacer todas las pesquisas, sino que determinó crear una comisión de la verdad integrada por representantes de las víctimas, el ministerio público y el ombudsman, y a la que se podrían incorporar organizaciones internacionales.
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