Marco Antonio Camargo García, estudiante de veterinaria de la FES Cuautitlán, y uno de los 10 objetivos detenidos por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) por los ataques a estudiantes en la explanada de Rectoría el pasado 3 de septiembre, cuenta con siete carpetas de investigación por robo, lesiones dolosas, daño en propiedad ajena y motín.
De acuerdo con datos de la dependencia capitalina, el hombre de 29 años estuvo en dos ocasiones en el Reclusorio Norte: en 2010 por robo a transeúnte y en 2011 por robo calificado.
Además, está relacionado con cinco carpetas más: robo a transeúnte, en 2006 y 2011; lesiones dolosas, en 2018; daño en propiedad ajena, el mismo año, y la más reciente, por motín, por los hechos violentos en Ciudad Universitaria.
Marco fue trasladado al reclusorio y, según las autoridades, no alcanzará fianza. En conferencia de prensa, el procurador capitalino, Edmundo Garrido, informó que hay 15 órdenes de aprehensión por motín, homicidio en grado de tentativa y lesiones contra 10 imputados que pusieron en peligro la vida de alumnos.
Señaló que nueve de los mandatos judiciales son por motín, cinco más por homicidio en grado de tentativa y uno por lesiones; esto gracias a los trabajos realizados de análisis de información cibernética y testimonios recabados.
Acompañado por el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), Roberto Ochoa, y el comisario de Inteligencia de la Policía Federal, Ricardo Aranda, indicó que buscarán que todas las personas señaladas tengan prisión preventiva oficiosa o justificada, para los casos de motín.
Informó que continúa la coordinación con la PGR para concretar las órdenes de aprehensión.
Respecto a los dos detenidos del pasado viernes, reiteró que al realizar los análisis por parte del Ministerio Público se precisó que no participaron en los hechos y que se probó que uno no se encontraba imagen alguna que lo ubicara en ese momento en los hechos.
“Se les dio la calidad de testigos para que aportaran elementos que también nos sirvieron para el otorgamiento de estas órdenes de aprehensión; se les permitió retirarse en calidad de testigos”, puntualizó.
Garrido Osorio precisó que la UNAM, a través de su abogada general, Mónica González, presentó las denuncias de hechos contra quienes resulten responsables, pero dichos elementos fueron insuficientes por lo que declinaron de inicio.
“Tomamos la competencia cuando ya vienen los expedientes aportados a la Procuraduría General de la República por parte de los abogados de Ciudad Universitaria y con esos elementos es con los que estuvimos trabajando”, añadió.
Las imágenes y testimonios fueron fundamentales para que se otorgaran las órdenes de aprehensión; sin embargo, el procurador omitió señalar si están relacionadas con algún grupo porril.
Por su parte, el subprocurador Roberto Ochoa aseguró que no existen choques de competencia en ambas instituciones y que mantienen abierta una carpeta de investigación para analizar si en las conductas existen o no delitos del orden federal.
El Dato: A más de una semana de la agresión, autoridades de la UNAM reportan que 35 de 41 escuelas en paro ya reanudaron labores.
