Ocho integrantes del grupo Guerreros Unidos, que confesaron haber trasladado a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa al basurero de Cocula, para posteriormente asesinarlos y calcinarlos, como establecía la verdad histórica, obtuvieron un auto de liberación otorgado por un juez federal, quien acusó “falta de pruebas”.
De acuerdo con el Tercer Tribunal Unitario, el auto de liberación fue otorgado en acato a la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, que ordenó reponer el procedimiento contra los implicados.
“Agréguese el oficio signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Matamoros, Tamaulipas, por el que remite, en cumplimiento al proveído del 20 de septiembre de 2018, copia certificada del término constitucional en el que se decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, a favor de los quejosos”, se indicó en el acuerdo.
Dicha liberación les fue otorgada a Salvador Reza Jacobo, alias El Wereke; Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo; Felipe Flores Salgado, alias El Terco; Miguel Ángel Landa Bahena, alias El Chequel; Jonathan Osorio Cortés; Patricio Reyes Landa, alias El Pato; Gildardo López Austillo, alias El Cabo Gil, entre otros.
Es importante destacar que durante los hechos, El Cabo Gil fungía como segundo al mando de la célula delictiva y, según las líneas de investigación, fue el mismo que ordenó el secuestro de los estudiantes de la Escuela Raúl Isidro Burgos.
Además, El Cabo Gil, junto con el Terco y El Pato, tramitó un amparo en el que alegaba tortura por parte de los elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) durante su detención.
Con este mismo documento se impulsó la creación de la Comisión de la Verdad, de la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negó a analizar y resolver si era constitucional o no su implementación.
Los ocho implicados que lograron obtener el auto de libertad no podrán salir de prisión por el momento, pues todavía existen otros procesos en su contra y a los que tienen que responder.
La impugnación que realizaron fue al término constitucional del 18 de enero de 2015, que cuenta con el expediente 123/2014, en el que se les había acusado por el delito de delincuencia organizada.
El Dato: El Presidente Peña refrendó su compromiso con la justicia y los familiares de los alumnos desaparecidos hace 4 años.
