El senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, anunció que propondrá aumentar las penas para delitos electorales ya tipificados respecto al financiamiento irregular, el uso de programas sociales y alteración al registro federal de electores.
La iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que será presentada esta semana ante el pleno del Senado, nace del análisis de las denuncias registradas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) durante el pasado proceso electoral, y busca prevenir delitos en las cinco votaciones que están por desarrollarse el próximo año.
El dato: Puebla (28.6%) Edomex (18.7%) y la CDMX (16.5%) concentran la mayor cifra de carpetas de investigación por estos delitos.
De acuerdo con el también presidente de la Jucopo, en 10 meses, desde el inicio de la jornada electoral —en septiembre de 2017 hasta julio de 2018—, la FEPADE recibió aproximadamente mil 104 denuncias por delitos electorales.
Por otro lado, informó que de 2016 a la fecha, esta dependencia ha recibido 200 denuncias por violencia política en contra de mujeres; 40, del último periodo electoral.
Por ello, la iniciativa también busca proteger en mayor medida la participación política de las mujeres en un entorno que les garantice seguridad para el desarrollo igualitario de sus actividades, señaló el morenista en un comunicado.
Quienes incurran en los delitos electorales propuestos no podrán obtener con facilidad la libertad y, a su vez, se someterán a la suspensión condicional del proceso, lo que contribuirá a desincentivar su realización, aseveró.
En otras adiciones se precisarían y se adaptaría a las necesidades actuales la protección de bienes jurídicos y de los sistemas informáticos que se emplean por las autoridades electorales.
También se agravarían determinadas conductas de los servidores públicos y funcionarios electorales y partidistas que lesionan la equidad de los procesos, expuso.
Otro elemento de la iniciativa, acotó, es contemplar la sanción de conductas en periodos de intercampañas, dado que no se encuentran previstos en la ley.
Se incluye a los independientes dentro de los sujetos activos de los delitos electorales, así como a sus gestores o auxiliares, en la integración de un nuevo tipo penal que prevé la presentación de firmas apócrifas para obtener sus candidaturas.
Para complementar la iniciativa, el documento propone establecer, conforme a los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, un juzgado de control y uno de enjuiciamiento de carácter nacional, similar al que opera en materia de extinción de dominio; así como un tribunal de apelación especializado.
