La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reprobó la Cruzada Nacional contra el Hambre, pues ésta no pudo sustentar que los siete millones 466 mil 800 personas que identificó como beneficiarios fueran realmente pobres extremos alimentarios ni que estos hubieran abandonado esa condición.
Por lo anterior, recomienda a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) corregir, modificar o suspender total o parcialmente dicha estrategia.
En el informe de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017, la ASF concluye que este programa, anunciado en su momento como uno de los estelares de la actual administración, “no comprobó en qué medidas se atendieron las carencias de cada una de las personas registradas”.
En la página 80 de dicho documento también refiere que como la Cruzada Nacional Contra el Hambre “no logró cumplir con su objetivo social”, ya que no articuló los esfuerzos de los tres ámbitos de gobierno y de los sectores público y privado ni la inclusión social, no propició la superación del problema.
La labor de fiscalización que concluyó lo anterior emitió 14 observaciones de las cuales sólo una fue solventada por la Sedesol. De manera tal que las 13 restantes generaron 22 recomendaciones de desempeño.
“No existe un marco jurídico que regule a quién se le otorgan los recursos, monto y destino; carece de un calendario de ejecución, de ministración y ejecución”
David Colmenares
Titular de la ASF
Una de sus sugerencias es a la Cámara de Diputados a la que le propone la pertinencia de elaborar una ley general de alimentación que reglamente el artículo 4 Constitucional referente a garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
Lo anterior, con el propósito de que se defina de mejor manera cuál es la población objetivo de una política de este tipo, además de que se clarifiquen y coordinen las dependencias y entidades y los gobiernos locales y municipales en las tareas que establezca esta normatividad.
El órgano de fiscalización revisó también la entrega de apoyos a personas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 y halló que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) elaboró un padrón que, sin embargo, dejó fuera de los beneficios a ocho millones 750 mil 407 personas de 343 municipios.
Esto, porque sólo censó a 52 por ciento de los municipios que tenían declaratoria de desastre natural y emergencia extraordinaria.
Incluso, advierte que la dependencia tampoco acreditó el levantamiento de información en la totalidad de las viviendas de los municipios con declaratoria, pues únicamente obtuvo datos del 3.7 por ciento de las casas, es decir, 172 mil 26 de las cuatro millones 654 mil 95 existentes; y del 4.2 por ciento de la población, esto es, 742 mil 180 de los 17 millones 817 mil 859 habitantes.
Precisa que la Sedatu argumentó que fue rebasada su capacidad institucional para coordinarse en la evaluación de los daños. Sin embargo esto afectó al final la entrega de los apoyos a los damnificados a través de tarjetas de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), pues este banco se basó en el censo de Sedatu para repartir los fondos.
El Dato: En su comparecencia, Rosario Robles, titular de la Sedatu, exhortó al Senado a revisar sus cuentas públicas.
En este sentido, se comprobó que en el padrón de beneficiarios hubo duplicidad de datos en folios, cédulas, códigos de barras, CURP, coordenadas y dirección de viviendas, lo que significó errores y duplicidad en 191 mil, 365 registros que no fueron aclarados. En la validación de datos, tampoco se incluyó a 319 municipios
La ASF también supervisó la forma en que Bansefi entregó los recursos a través de tarjetas y determinó que éste “limitó disponer de un número definitivo de damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, así como programar y priorizar los apoyos para la reconstrucción de las viviendas afectadas”, lo cual ocasionó que los damnificados “no accedieran de una forma eficiente, oportuna o completa a los recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden)”.
Señala que al 31 de diciembre de 2017 había dispersado cinco mil 917 millones 815 mil pesos, que representan 92.4 por ciento de la partida, pero, advierte que “sin que ello significara que el monto y las tarjetas hubieran sido entregados al beneficiario”.
Asciende a 15 mdp daño de“estafa maestra”
La Auditoría Superior de la Federación detectó un daño al erario público por 15 mil 656 millones de pesos utilizados de manera irregular; además de marzo a la fecha presentó 53 denuncias penales, siete relacionadas a revisiones por contrataciones y arrendamientos por la llamada “Estafa Maestra”, ligadas a las secretarías de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) y de Agricultura (Sagarpa).
Durante la entrega de la segunda parte de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2017, el auditor, David Colmenares, destacó: “se han presentado 53 denuncias penales entre ellas están siete en el mes de octubre, relacionadas con contrataciones al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) por un monto de mil, 900 millones de pesos”.
Agregó que también hay irregularidades por contratos con universidades públicas y sistemas de radio y tv, por un monto de cinco mil millones de pesos”.
Colmenares entregó ayer a los diputados 678 informes individuales, correspondientes a 617 auditorías de cumplimiento financiero y 61 de desempeño.
