Con los cambios aprobados esta semana por la Cámara de Diputados a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, varias funciones de las dependencias federales quedarán concentradas directamente en el Presidente de la República, en la Oficina de la Presidencia y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La reforma a la ley permitirá la desaparición de las Oficialías Mayores que actualmente operan en las dependencias del Gobierno federal, las cuales serán sustituidas por Unidades de Administración y Finanzas, coordinadas por la SHCP; salvo en las secretarías de Marina, Defensa y en la propia Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con el dictamen aprobado el martes por la mayoría de Morena, las Unidades de Administración y Finanzas podrán dar “apoyo administrativo en materia de planeación, programación y presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, archivos y lo demás que sea necesario en los términos que fije el Ejecutivo Federal”.
Con este cambio, queda bajo el control de un “superadministrador” de Hacienda nombrar los titulares de las nuevas Unidades Administrativas, lo que restará autoridad a los secretarios de Estado, quienes actualmente nombran a los encargados de las oficialías.
Con el argumento de atacar la corrupción vía, las compras públicas de las secretarías, la SHCP asumirá todas las que realicen las dependencias federales; este nuevo esquema le permitirá al gobierno entrante ahorros de entre 225 y 500 mil millones, según informó el próximo secretario de Hacienda, Caros Urzúa.
La reforma también prevé que la Consejería Jurídica de la Presidencia tenga la facultad de nombrar a los titulares de las consejerías que forman parte de cada una de las Secretarías de Estado
[caption id="attachment_827786" align="alignnone" width="882"] Gráfico: La Razón de México[/caption]
Asimismo, una vez que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, entre en funciones, a la Oficina de la Presidencia le corresponderá “conducir, instrumentar y evaluar la política de Comunicación Social” de todas las dependencias, con intervención de la Segob.
En lo que se refiere a los llamados “superdelegados”, son ellos quienes coordinarán los programas sociales en los 32 estados y estarán a cargo de las “oficinas de representación” que se ubiquen en las entidades.
Aunque dependerán orgánicamente de la Secretaría del Bienestar, la cual sustituirá a la actual Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), rendirán informes directamente al Presidente de la República.
“Dar a conocer en términos de la legislación aplicable las altas y bajas de los padrones beneficiarios, así como los resultados de su evaluación, la relación de los municipios y localidades en las que opera el programa”, precisa al respecto el documento.
El Dato: El PAN consideró ayer que la “sesión vespertina”, en la que el martes se aprobó en lo general la reforma es anticonstitucional.
También se creará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabezará Alfonso Durazo, y tendrá la atribución de implementar la inteligencia de seguridad nacional.
Finalmente, se adelgazará a la Secretaría de Gobernación (Segob), pues muchas de sus facultades pasarán a la Secretaría de Seguridad. De esta forma, concentrará su trabajo en tres subsecretarías: Gobierno, Enlace Legislativo y Normatividad de Medios de Comunicación; Derechos Humanos, Migración y Población, así como Democracia Participativa, Fomento Cívico y Asuntos Religiosos.
