La Comisión Estatal Electoral (CEE) de Nuevo León anunció que el próximo 23 de diciembre se celebrará la elección extraordinaria para la alcaldía de Monterrey, y no el 16 del mismo mes, como se estableció inicialmente.
La modificación al calendario electoral se realiza a fin de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado que permitió a los partidos Morena y Encuentro Social participar en dichos comicios con candidatos propios.
En sesión extraordinaria, la CEE aprobó las modificaciones en el que sobresalen nuevos apartados, como el emplazamiento a partidos hasta el 16 de noviembre para que externen si participarán de forma individual o en coalición.
En tanto que la recepción y aprobación de solicitudes de registros de coalición, precampañas, registro de candidaturas, apodos y plataformas electorales, se llevarán a cabo del 20 de noviembre al 4 de diciembre.
La CEE refirió que la agenda establece que las precampañas serán del 25 al 27 de noviembre, las campañas del 5 al 19 de diciembre, la orden de impresión de boletas, el 4 de diciembre y la recepción de éstas, el 10 de diciembre.
En tanto se establece que el debate entre los candidatos está programado para llevarse a cabo entre el 9 y 16 de diciembre; la publicación de encuestas o sondeos de opinión de preferencias electorales que publican los medios de comunicación, podrán realizarse del 1 de noviembre al 19 de diciembre.
Apuntó que en cuanto a la veda electoral, ésta deberá cumplirse del 20 al 23 de diciembre próximo.
La sesión de cómputo y entrega de constancias a las y los ganadores, se celebrará a partir de las 8:00 horas del 26 de diciembre y hasta antes del 30 de diciembre.
Mientras que el 31 de enero de 2019, tomarán protesta las y los candidatos triunfadores.
El 31 de octubre pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó la anulación de los comicios para la alcaldía de Monterrey y propuso que se convocara a elecciones extraordinarias.
La autoridad electoral consideró que no pudo haber un ganador en las elecciones del pasado 1 de julio, en la que el panista Felipe de Jesús Cantú y el priista Adrián de la Garza disputaban la preferencia de los votantes.
Se determinó en su momento que “la irregularidad acreditada en este caso vulnera de manera directa el principio fundamental de certeza y, por lo tanto, las violaciones a este principio fundamental impiden validar los resultados de la elección como producto de un proceso auténticamente democrático”.
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