El juzgado octavo de Distrito concedió a el exdirector de Pemex Emilio Lozoya un amparo y ordenó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electores (FEPADE) que se pronuncie sobre si las acusaciones en su contra por el supuesto financiamiento de la empresa Odebrecht a la campaña del expresidente Enrique Peña ya prescribieron o no.
Tras el resolutivo, la FEPADE deberá emitir un nuevo acuerdo donde se “subsanen las inconsistencias” de la investigación, a fin de quede por satisfecha la exigencia constitucional.
Posteriormente, la Fiscalía deberá determinar en un periodo de 30 días para desahogar todas las pruebas que tiene en contra Lozoya e informar si hay o no diligencias por realizar.
“En un plazo de 30 días hábiles, la FEPADE (debe) determinar si existen o no diligencias por practicar y, en caso positivo, las desahogue de inmediato”
Consejo de la Judicatura
Comunicado de prensa
Una vez concluido aquel periodo la FEPADE tendrá 40 días naturales para resolver si ejercerá alguna acción penal contra Lozoya, y en ese caso, deberá judicializar la carpeta de investigación.
“Al resolver el amparo 702/2018, la juzgadora instruyó que en un plazo de 30 días hábiles, la FEPADE determine si existen o no diligencias por practicar y, en caso positivo, las desahogue de inmediato”, informó el Consejo de la Judicatura.
“(La autoridad) fue omisa en pronunciarse en relación a la fecha del 20 de abril de 2012(...) que dio origen a la carpeta de investigación pero no señala cuando produjo todos sus efectos el o los hechos ilícitos señalados como delito”, dijo.