Con un listón blanco en el brazo derecho y en la solapa del saco, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) encabezaron una inédita protesta en demanda de respeto a la división de poderes y negaron de manera categórica que ganen más de 600 mil pesos al mes.
"Falso discurso de que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas como que percibimos más de 600 mil pesos, que no corresponden ni cercanamente a la realidad", también ponen en riesgo la seguridad de los jueces y de sus familias.
Advirtieron que estarán atentos a las resoluciones que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que precisa que ningún funcionario debe ganar más que el Presidente de la República.
En un mensaje que se dio a conocer a los medios de comunicación en las escalinatas del edificio del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, los juzgadores acusaron al Poder Legislativo de tratar de intervenir en la vida interna del Poder Judicial, el cual ha sido dotado por la Constitución de mecanismos de autorregulación.
"Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como ejercicios modernizadores, que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos", leyó el magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito, que convocó al acto.
Sin embargo, agregó, "en el fondo esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de derecho".
Quienes lo hacen, enfatizó el magistrado Vega Ramírez, no sólo desconocen el funcionamiento de la judicatura, sino que olvidan que han sido precisamente las resoluciones judiciales las que han abierto la posibilidad de materializar parte de la agenda de derechos humanos del nuevo gobierno, lo que refleja el compromiso de los jueces federales en la construcción de una sociedad mejor y más justa.
Destacó que el conjunto de medidas legislativas que se han emprendido y que incluyen rotación constante y la designación de los consejeros de la judicatura por parte del Senado para controlar la administración y disciplina interna, entre otras, se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida por parte de otros poderes de la unión.
Ello, "es injustificable a la luz del principio de la división de poderes, lo que se requiere no es el enfrentamiento ni los señalamientos, lo que proponemos es el diálogo, la coordinación y el entendimiento entre poderes dentro del marco de competencias exclusivas, autónomas e independientes creado por la Constitución para cada uno de los órganos del poder público", indicó.
En el texto de cuatro cuartillas, los jueces y magistrados advierten sobre el riesgo que conlleva mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores haciéndolos pasar por oportunistas que sólo buscan el beneficio personal y el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones.
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