Por unanimidad, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de la Fiscalía General de Justicia local, mediante la cual se podrá realizar un proceso de transición adecuado, ordenado y planeado de la Procuraduría General de Justicia.
A nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada de dictaminar, el diputado de Morena, Eleazar Rubio Aldarán, explicó que con dicha norma se da cumplimiento al mandato que establece la Constitución de la Ciudad de México.
Con la ley se establecerán las disposiciones generales de la Fiscalía General de Justicia, las facultades de la Comisión Técnica que llevará el proceso de planeación y conducción de la transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia, apuntó.
La norma surge de la iniciativa presentada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Ruiz Suárez, quien en la propuesta refirió que la fiscalía regirá su actuación por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, entre otros.
De manera armónica con la Constitución Política de la Ciudad de México, la ley propone que el nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia se sujetará al procedimiento previsto en la propia Constitución capitalina y que la propia Ley Orgánica de la Fiscalía deberá establecer.
El dictamen aprobado establece que la Procuraduría General de Justicia continuará encargándose de la función ministerial, en tanto inicie operaciones completamente la Fiscalía General de Justicia.
Asimismo, y en tanto no entre en funciones la Fiscalía General de Justicia continuará la vigencia de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, su reglamento y las demás disposiciones jurídicas emanadas de dichos instrumentos.
Antes, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Orlando Garrido López, planteó que la Ciudad de México se encuentra en plena transición, ya que la fiscalía tendrá facultades como la dirección en la investigación de delitos, protección de víctimas, persecución criminal, además de que fungirá como representante social.
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