La política migratoria que México va a seguir es divergente y en muchos sentidos opuesta a la que Estados Unidos está haciendo en su jurisdicción, así lo afirmó el Canciller Mexicano, Marcelo Ebrard, durante la conferencia mañanera del viernes 21 de diciembre, del Presidente López Obrador.
Como cada día entre semana, desde Palacio Nacional, el presidente abordó los cuestionamientos de la prensa, y ahí, acompañado del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la encargada de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que será el el próximo lunes (24 de diciembre) cuando fije postura respecto a la intención del gobierno de Estados Unidos de enviar a México a migrantes no mexicanos.
Esto, luego de que un día antes la Administración encabezada por Donald Trump comunicara al gobierno de México que el Departamento de Seguridad Interna de EU (DHS por sus siglas en inglés) tiene la intención de devolver a extranjeros, no mexicanos, a nuestro país.
En un primer posicionamiento, el Estado Mexicano reafirmó, a través de la Cancillería, su derecho soberano de admitir o rechazar el ingreso de extranjeros a su territorio
Y que en cumplimiento de la legislación mexicana vigente y los compromisos internacionales suscritos, el gobierno autorizaría, por razones humanitarias y de manera temporal, el ingreso de ciertos extranjeros provenientes de Estados Unidos.
Se trata de extranjeros que hayan recibido un citatorio para presentarse ante un juez migratorio estadounidense tras haber sido aprehendidos en un puerto de entrada o por haber ingresado a EU y que hayan sido entrevistados por autoridades de control migratorio norteamericano.
De acuerdo a lo dicho en su comunicado, el gobierno mexicano dará preferencia en su acceso al país a los inmigrantes menores de edad, estén o no acompañados de sus padres, a quienes también se les daría acceso preferente.
Lo anterior, apuntó Ebrard:
porque el gobierno mexicano seguirá una política migratoria opuesta a la de Estados Unidos
En México, con base en la legislación local vigente y los tratados internacionales de los cuales es parte el Estado mexicano, se garantizará que las personas extranjeras que hayan recibido su citatorio gocen plenamente de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución mexicana.
Caso Avena, derechos de los mexicanos en EU
Como parte de la conferencia mañanera del presidente López Obrador, Marcelo Ebrard Casaubón destacó que el 20 de diciembre --mientras se ratificaba en el Senado a Juan Ramón de la Fuente como embajador de México ante la ONU-- en la Organización de las Naciones Unidas se obtuvo una votación histórica en materia de protección de los derechos humanos a los connacionales radicados en EU.
Con 69 votos a favor, 66 abstenciones y tan sólo 4 votos en contra se aprobó una resolución que México propuso en la Organización de las Naciones Unidas que sienta un precedente "de la mayor magnitud para la protección de los migrantes mexicanos en Estados Unidos".
De acuerdo a Ebrard el gobierno estadounidense, encabezado por el republicano Donald Trump, tendría que garantizar en su territorio servicios de interprete y traducción a los mexicanos procesados judicialmente
México presentó un proyecto de resolución ante la Asamblea General de la ONU bajo el tema 125 (a) de la agenda “Fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas”, tomando en consideración que:
El 9 de enero de 2003, México presentó una demanda en Corte Internacional de Justician (CIJ) contra los Estados Unidos sobre una disputa por presuntas violaciones a los artículos 5° y 36° de la Convención de Viena respecto a 54 mexicanos que habían sido condenados a muerte en ciertos estados de ese país.
En un fallo del 31 de marzo de 2004 de la CIJ por “El caso Avena y otros nacionales mexicanos” concluyó que Estados Unidos había incumplido la obligación de proporcionar la notificación consular sin demora, la obligación de proporcionar la información consular requerida, y la obligación de permitir que los funcionarios consulares mexicanos se comunicaran, tuvieran acceso o visitaran a sus connacionales e hicieran arreglos para su representación legal.
La CIJ consideró que "la reparación apropiada en este caso consiste en la obligación de los Estados Unidos de América de proporcionar, mediante los medios de su propia elección, una revisión de caso y reconsideración de las condenas y sentencias de los ciudadanos mexicanos" a que se refiere la sentencia.
Sin embargo el fallo todavía no ha sido acatado, motivo por el que el Gobierno de México presentó un proyecto de resolución para la atención de la Asamblea General de la ONU, señalando que:
Ha habido seis ejecuciones (pena capital), generando violaciones adicionales a las obligaciones impuestas en dicho fallo, la más reciente teniendo lugar en noviembre de 2018.
Acceso al Consejo de Seguridad para buscar cumplimiento es prácticamente inviable, y
Que la Asamblea General tiene competencia para abordar este tema y existen precedentes en ese sentido.
